Artículo publicado en el sitio web http://djovenes.org/archivo/
No es un dato menor escuchar la propuesta elaborada por el Gobernador del Estado de Chihuahua César Duarte, para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e incluir la “obligación” de los jóvenes en edad del servicio militar, de contar con la opción de enrolarse al menos tres años en las fuerzas armadas del Ejército y alejarse con ello, de la tentación que ofrece gozar de una vida “nini”, es decir, tod@s aquellos muchachas y muchachos que están sin estudiar ni trabajar y que en dicho de las autoridades, gracias a su improductiva “vocación” son más propensos a ser llamad@s por las ligas de la delincuencia organizada.
Revisando las reacciones que la sociedad ha tenido ante esta idea, he encontrado preocupantemente que en muchos círculos sociales –incluso entre académicos e intelectuales- la propuesta no les haya sonado tan descabellada. Según una encuesta elaborada por Grupo Imagen el 30 de marzo pasado, el 77% de las personas entrevistadas manifestó su intención de aceptar las modificaciones legales necesarias para “ofrecer” a la juventud esta oportunidad de enfilarse en el Ejército mexicano.
En México como en muchas partes del mundo, la manipulación de las masas se puede dar con relativa facilidad. Por ello, con la falsa hipótesis de que si repites mil veces una mentira, en algún momento la percepción generalizada podrá llegarla a convertir en verdad, algunos sectores políticos se han dejado seducir por una falsa solución para convencer a la ciudadanía de las bondades de engrosar las filas de las fuerzas militares.
En medio de una de las más graves crisis vividas en materia de seguridad pública, el Estado mexicano moderno se encuentra ante la paradoja de continuar una guerra contra los malhechores –no debemos olvidar que estas personas también son mexicanos y mexicanas- o instituir políticas públicas con una visión estadista enfocadas a lograr a mediano y largo plazo una solución de fondo al flagelo del narcotráfico y la corrupción nacional.
Al parecer, tanto el Gobierno federal y algunos estatales –como el de Chihuahua- se han dejado convencer por simples soluciones legaloides a un problema social de fondo como lo es la falta de educación y de trabajo. Afortunadamente en esta ocasión el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Dr. José Narro Robles declaró la inviabilidad de la militarización al pronunciarse por la construcción de un proyecto integral de nación, fundado en la educación y en la corrección de los desequilibrios existentes entre la sociedad mexicana y para caminar hacia dicho proyecto, la UNAM puso un ejemplo concreto con la futura construcción de un centro de estudios en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde sabemos, los índices delictivos son de los más altos del país.
El artículo 3° de la Constitución establece el Derecho de toda persona a recibir educación gratuita y con las siguientes características: desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, fomento el amor a la Patria, conciencia solidaria en la independencia y en la justicia; contribución a la mejor convivencia humana; convicción del interés general de la sociedad, entre otros muchos aspectos, sin embargo, si consideramos que estos valores son los que supuestamente se enseñaron en las escuelas primarias y secundarias de México en la última década, lo más probable es que un gran porcentaje del alumnado en general reprobó las materias relacionadas con las pretensiones constitucionales aludidas, si no, no estaríamos viendo los niveles tan cruentos de violencia desmedida en donde lo que menos importa es la dignidad humana y el amor a la Patria.
La juventud mexicana no requiere militarizar su vida, sino todo lo contrario, allegarse de una enseñanza humanista en la cual los derechos sociales y colectivos sean un aprendizaje para ayudar a la reconstrucción del tejido social hoy quebrantado. El modelo educativo nacional tiene que modificarse para retomar los principios constitucionales y en materia de Derechos Humanos. La tarea no es sencilla y por eso los llamados de las autoridades estatales y federales a luchar contra la delincuencia de este país suenan bastante huecos por la ligereza de sus declaraciones. De nada sirve a la comunidad contar con un Gabinete federal Tuitero que al parecer de ahora en adelante estará más ocupado en revisar sus listas de seguidor@s, en lugar de atender las miles de necesidades que requiere la Nación mexicana.
La sociedad civil organizada debe asumir un papel activo en el análisis y reflexión del problema educativo en México y para llegar a ello, se requiere de la construcción de una agenda nacional que pase obligadamente por la transformación de la enseñanza que se da en nuestras aulas de clases. De no darse así, la derrota del artículo 3° Constitucional será una realidad para las generaciones venideras.
*Ivan Ricardo Pérez Vitela. Consultor en Derechos Humanos y alumno de la Maestría en Derecho por la UNAM. http://djovenes.org/archivo/?p=2466
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