miércoles, 7 de marzo de 2012

Demanda César Pérez a la Junta de Coordinación Política de la LVI legislatura de Querétaro

Querétaro, Qro., marzo 8 de 2012

 El C. José Luis César Pérez Guzmán ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia, una demanda de protección de derechos fundamentales (la primera de su tipo en el Estado) en contra de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la LVI legislatura de Querétaro.
Fue durante el reciente proceso de elección del  presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde -alegando el cumplimiento de la ley- se negó la participación como candidato al citado César Pérez por la citada JCP, con el argumento de que rebasaba el límite de la edad  -fijado, de manera arbitraria y sin ningún fundamento en 60 años- violando así la Carta Magna y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano que garantizan igualdad y no discriminación a los ciudadanos mexicanos por causa de raza, sexo, edad, etc..
Se ignoró también lo establecido en el artículo segundo de la Constitución Política estatal, que señala “Los derechos fundamentales no podrán ser limitados o restringidos; en su interpretación se resolverá siempre a favor del gobernado”.
En el caso de César Pérez, los diputados no hicieron interpretación de la ley, al contrario de lo que ocurrió con quien resultó electo presidente, C. Miguel Nava Alvarado, a quien sí excusaron del requisito de residencia en el Estado, que la ley estatal de Derechos Humanos señala de tres años previos a la elección.
Nava Alvarado fue delegado de la PGR en Aguascalientes desde octubre de 2008 hasta su salida en julio de 2011, dato que puede ser comprobado en el sitio web de la propia comisión (http://www.cedhqro.org/archivos/cv.pdf). El Código Civil federal establece en su artículo 31 que el domicilio legal de los servidores públicos es “el lugar donde desempeñen sus funciones por más de seis meses”.
Pérez Guzmán demanda del Tribunal de Justicia, la protección de uno de derechos humanos: la no discriminación. Además, pide conocer el criterio seguido por los legisladores para aplicar la ley a un ciudadano, y excusar a otro de su complimiento. Finalmente, se solicita la reposición del procedimiento realizado durante el pasado mes de febrero de 2012 donde se eligió al ombudsman queretano.
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viernes, 3 de febrero de 2012

Congreso de Querétaro, violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación


Santiago de Querétaro, Qro. 2 de Febrero, 2012.

A los miembros de la LVI legislatura del Estado de Querétaro,

Al pueblo de Querétaro,

Asunto: Violación a los Derechos Humanos en la elección de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero diga: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” ; que en su artículo quinto afirme: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se taquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad”, y que el Artículo 35 fracción segunda diga: “Son prerrogativas del ciudadano: Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley[i].

Y en el mismo tenor, la Constitución Política del Estado de Querétaro, en su artículo segundo señale: “Toda persona gozará de los derechos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales, los tratados internacionales con aprobación del Senado, esta Constitución y las leyes que de ella emanen”, y que el artículo tercero puntualice: “El Estado adoptará medidas que garanticen la no discriminación del individuo[ii]. A pesar de ello, la LVI legislatura del Estado de Querétaro negó la participación al C. J. L. CÉSAR PÉREZ GUZMÁN, reconocido activista local y nacional, hombre de trabajo incansable y honradez a toda prueba, como aspirante a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aduciendo que no cumple con el requisito de edad.

¿Con base a qué argumento desconocido, los diputados locales establecen una edad de 70 años como límite? ¿Sabrán que con su proceder, violan los derechos subjetivos no sólo de una persona sino de todos los queretanos, establecidos en el pacto Federal, y en la suprema legislación local? ¿Por qué 70 años, y no 65? ¿Por qué no 50? Citando al prematuramente fallecido Facundo Cabral, “No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigía el éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como nadie a Chopin a los 90, sólo por citar dos casos conocidos”.  La edad estimada por el INEGI es de 75.8 años. Si se alegara senilidad, esa habría que demostrarla por medio de exámenes médicos, no por suposiciones. Además, luego de conocer el papel que realizó el presidente actual, la edad debería restringirse a los aspirantes a tener entre los 18 y 30 años.
Sorprende que el diputado José Luis Aguilera, del partido Convergencia/Movimiento Ciudadano, supuesto representante de la izquierda y las causas progresistas, quien se autonombra como “Precandidato a Presidente Municipal por Querétaro 2012, generando bienestar por Querétaro” el sábado 28 de enero por la tarde escriba en su cuenta de twitter (@jlaguilera2012): “El C. J. L. César Pérez Guzmán no paso uno de los requisitos de la convocatoria, que era la edad.”; “Eran 19 aspirantes, quedan 17 los cuales hemos solicitado información de sus actividades en diferente trabajos que han estado”.
Las organizaciones civiles, preocupadas por los Derechos Humanos en Querétaro, exigimos una respuesta puntual, una explicación de aquellos quienes dicen representarnos, del por qué, se violan los Derechos Humanos en la elección de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Por una Comisión de Derechos Humanos al servicio de la Sociedad.

Alianza Civica, Ciudadanos por la Democrácia A. C., Congreso Estatal Ciudadano de Derechos Humanos, Colectivo Com y Part, Discriminación Internacional A. C., Encuentro por Querétaro A. C., Grupo Cooperativo Jade, Amealco, Izquierda Ciudadana, Movimiento por la Movilidad, Movimiento de Resistencia Juvenil, Locallis, Sindicato de Trabajadores Telefonistas, Sindicato para el Desarrollo, STUNAM – Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Campus Juriquilla





domingo, 15 de enero de 2012

Pronunciamiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

Primera Reunión Nacional de Referentes del
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
 
Los asistentes a la primera Reunión de Referentes Nacionales del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, reunidos en la ciudad de México los días 13 y 14 de enero, manifestamos a la sociedad mexicana nuestra solidaridad con todas las víctimas de la guerra y la violencia en México, así como nuestro compromiso de continuar este 2012 nuestro trabajo para detener la guerra y continuar la lucha a favor de la justicia y la dignidad.
 
La información vertida por las víctimas, ciudadanos solidarios y defensores de derechos humanos, representantes del movimiento en 14 entidades de la república (Chiapas, Chihuahua, Coahuila y la Comarca Lagunera, DF, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz) de representantes de los Estados Unidos (Global Exchange) y representantes internacionales la Red Global por la Paz, nos confirmamos que la violencia se ha instalado en todo el territorio nacional, que al asesinato constante de personas relacionadas con la guerra entre el crimen organizado y los aparatos de seguridad del Estado, se suman el incremento alarmante de la tortura y la desaparición forzada, el hostigamiento y asesinato de defensores de derechos humanos, luchadores sociales y periodistas, así como la criminalización de la juventud y la pobreza. Por ello el MPJD se propone tejer una red nacional e internacional que articule a todos aquellos ciudadanos y organizaciones sociales que luchan por justicia para las víctimas y paz para los mexicanos.
 
Los integrantes de nuestro movimiento hablamos con humildad, desde nuestra fragilidad como deudos y desde nuestra indignación como víctimas. Nuestra fuerza es moral, no económica ni partidista. Nos reúne la solidaridad, los dolores compartidos y el coraje frente a la incompetencia del Estado, la complicidad criminal entre autoridades y delincuentes, y la violencia estructural que produce desigualdad, miseria e injusticia.
Los integrantes del MPJD convocamos a la sociedad mexicana a revelarse contra el miedo que paraliza a los ciudadanos y estimula el avance de la intolerancia y el autoritarismo. Nuestra convocatoria es a construir un gran movimiento nacional de resistencia a la guerra y la violencia, y a impulsar la organización de las víctimas y de otros sectores agraviados por la actual situación del país (pueblos, comunidades, indígenas, campesinos, trabajadores, migrantes, desempleados, jóvenes y estudiantes, maestros, periodistas, comerciantes, empresarios, mujeres, personas con diversas opciones sexuales, etcétera).
 
Frente al desarrollo del proceso electoral en este escenario de violencia generalizada, de impunidad y colapso institucional, el MJPD impulsará la agenda de paz que ha construido a partir de la experiencia de las víctimas y que enunció en 6 puntos en el zócalo de la Ciudad de México el 8 de mayo de 2011 (1. El esclarecimiento de asesinatos y desapariciones, el nombrar a las víctimas y su no criminalización; 2. El fin de la estrategia de guerra y la construcción de una agenda de seguridad humana y ciudadana; 3. El combate a la corrupción y la impunidad; 4. El combate a la raíz económica y las ganancias del crimen; 5. La atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social; 6. La construcción de procesos de democracia participativa y democratización de los medios de comunicación). Esta experiencia, que el movimiento ha querido transmitir al resto de los mexicanos, habla de la incapacidad de las instituciones para garantizar la seguridad de las personas y el acceso a la justicia para las víctimas. No olvidamos las excepciones de funcionarios públicos, sobre todo a nivel de mandos medios, comprometidos en verdad con su responsabilidad y que merecen todo nuestro reconocimiento, pero la atrofia institucional nos revela no sólo impericia y falta de preparación de las instituciones, sino la colusión y la complicidad de autoridades de las más diversas jerarquías y de todos los órdenes de gobierno, sean estos del signo político que sean, con la delincuencia.
 
La agenda de paz que el movimiento ha propuesto en los diálogos públicos con el ejecutivo y el legislativo en el Alcazar de Chapultepec no sólo ha sido desechada por la presidencia de la república, tampoco ha sido recogida por los partidos nacionales que hoy se disputan el poder político. Políticos y candidatos manifiestan una escasa conciencia de la emergencia nacional por la que atravesamos y poco interés y sensibilidad para escuchar el dolor de las víctimas y atender sus demandas. Ningún partido político ha hecho caso al llamado de nuestro Movimiento a expulsar de sus filas a corruptos y delincuentes, y a emprender la limpieza de sus instituciones partidistas, que, al ser financiadas por la ciudadanía, son de interés público; tampoco atendieron nuestra demanda de una reforma política que favoreciera el poder ciudadano a través de figuras como la revocación de mandato, el plebiscito y las candidaturas ciudadanas. Por ello observamos un divorcio profundo entre los discursos de los políticos y la realidad trágica del país, y por eso también, para muchas víctimas de la violencia y la impunidad, no es atendible el llamado de partidos y candidatos a depositar en ellos su representación y su confianza, ni tampoco a adherirse a sus filas y convertirse en candidatos, como es el caso de las declinaciones de nuestros compañeros Javier Sicilia y Julián Le Baron, quienes rechazaron ser postulados a puestos de representación popular.
 
Como Movimiento no aspiramos al poder político ni promovemos la carrera política de nadie; representamos a una ciudadanía herida, a la que se le ha impuesto la muerte y la desaparición de sus familiares y seres queridos, y que ha optado por caminar junta y unir sus dolores a los dolores de los otros. Somos una fraternidad de padres y madres que han perdido a sus hijos, de hermanos a los que se les ha arrebatado a sus hermanos, de viudas y viudos, de huérfanos y también de mexicanos a quienes la tragedia no nos tocado en carne propia, pero que hemos optado por ponernos en los zapatos de los otros, y que por ello decidimos acompañar a las víctimas en su lucha por la paz y la justicia.
 
Porque no aspiramos como movimiento al poder político no competimos en ese terreno. No somos una organización partidista diferente que pueda coaligarse con otras y negociar posiciones a cambio de apoyos o votos, sino una forma organizada y no-violenta de la resistencia ciudadana a la guerra, a la impunidad y a la injusticia. Por ello no exigimos a quienes nos acompañan en este caminar que abandonen sus simpatías políticas, que militen o dejen de militar en uno u otro partido u organización social, ni que den su voto a tal o cual candidato u opten por votar en blanco o abstenerse de hacerlo. No entendemos la paz sin libertades, no pensamos que la seguridad deba hacerse a costa de los derechos de las personas y de las comunidades ni pensamos que para luchar por la paz es obligación de nadie manifestar una ideología o una fe determinada, pertenecer a una clase social o a un grupo étnico, ser del norte o del sur, del Pacífico, el Golfo o el sureste, de arriba o abajo, de izquierda o de derecha. Buscamos que todas las personas, tanto si pertenecen a la sociedad civil como a la política, al gobierno o a algún partido, sindicato u organización empresarial, iglesia u organismo no gubernamental, reconozcan la emergencia nacional en que nos encontramos, de manera que seamos capaces, entre todos, de apoyar en todos los órdenes (jurídico, social, económico, de salud) y en todos nuestros ámbitos (comunidades, pueblos, barrios) no sólo a los cientos de miles de mexicanos víctimas de la violencia --tanto de la criminal como de aquella que ha sido responsabilidad de las mismas autoridades— sino también a todos los agraviados que, en la crisis del Estado y de la economía que vive la nación, se reflejan en las víctimas.
 
Nuestra lucha es también por crear un marco legal que garantice los derechos de las víctimas y la seguridad humana y ciudadana para todas las personas que viven en el territorio nacional. Por eso exigimos a las autoridades y a los partidos políticos que atiendan las iniciativas ciudadanas que buscan esclarecer la verdad y recuperar la memoria de todas y cada una de las víctimas de esta guerra, e invitamos a la sociedad civil a sumarse a la recuperación de la memoria y la dignidad de todos los muertos y desaparecidos que esta guerra ha arrojado. Nuestra lucha también es por generar una conciencia en la ciudadanía de que la justicia y la dignidad es algo que pertenece a cada ciudadano, a cada comunidad, a cada pueblo, a cada barrio, y que éstas se construyen desde abajo y entre la misma gente.
 
A los comunicadores y a los directivos de medios de comunicación, tanto públicos como privados, impresos y electrónicos, comerciales, alternativos, y a las redes sociales, los invitamos a escuchar el testimonio de las víctimas y a transmitir a toda la población, en México y más allá de nuestras fronteras, la voz y la experiencia de su dolor, su demanda de justicia y verdad, para que ese testimonio se convierta en una llamada de atención y en un estímulo ético para todos, que nos invite a procurar la paz y obligue a las autoridades a cumplir con su responsabilidad. La voz de las víctimas es hoy la manifestación más digna de resistencia y rebeldía frente a la incultura de la muerte, el odio y la violencia que imponen los criminales, dentro y fuera de las instituciones, al pueblo de México.
Los participantes del Primer Encuentro de Referentes del MPJD invitamos a todas y a todos a sumarse:

1) A la campaña "Ponte en los Zapatos del Otro" que el MPJD lanzará el 30 de enero a las 20 hrs., en el Teatro de la Ciudad, Donceles 22.
2) Al emplazamiento a los candidatos a la Presidencia de la República y a todos los puestos de elección popular a dialogar, de cara a la nación, sobre la estrategia de paz, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Víctimas y las diferentes acciones en favor de la convivencia pacífica y la justicia que deberán llevarse a cabo a nivel municipal, estatal y nacional.
3) A impulsar la Caravana a los Estados Unidos, corazón político de la guerra mundial contra las drogas que lastima a México y al mundo.
4) A emprender una campaña de acompañamiento y solidaridad con todas las víctimas que luchan por la justicia.
5) A construir el memorial de las víctimas en el bosque de Chapultepec e impulsar diversas acciones en todo el territorio nacional a favor de la memoria y la verdad.
6) A organizar en todos las entidades federativas los trabajos que conduzcan a la realización del Encuentro Nacional por la Paz y la Justicia los días 21 y 22 de abril en Cuernavaca, Morelos.

*Para mayores informes de las actividades del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, visita http://movimientoporlapaz.mx/

miércoles, 11 de enero de 2012

Discriminación en la Ciudad de México. Boletín de prensa emitido por COPRED

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México COPRED
México, D.F., a 11 de enero de 2012

Boletín de Prensa 0001
- COPRED interviene en caso de discriminación y lesiones del señor Hugo Enrique Vega Flores.

- COPRED hace un llamado a la sociedad a sensibilizarse y condenar actitudes discriminatorias.
Ante la difusión de los videos en redes sociales y en diversos medios de comunicación de las agresiones cometidas por el señor Miguel Moisés Sacal Smeke, contra el señor Hugo Enrique Vega Flores, el
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), expresa profunda preocupación por estos hechos en los que se observa de manera abierta, actitudes de discriminación en razón laboral, étnica y de clase social, además de agresiones y lesiones dolosas cometidas el 8 de julio de 2011.
La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, establece la obligación de todas las autoridades de la Ciudad de México de garantizar que todas las personas gocen, sin discriminación alguna, de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en general en los derechos fundamentales del ser humano.
Por ello, en el marco de atribuciones y funciones que rige la normatividad de nuestra Ciudad, el COPRED ha establecido contacto con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y con el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con el objeto de coadyuvar con las acciones que lleven al cumplimiento estricto de la Ley. Asimismo, como parte de las tareas para concientizar y velar por la garantía del derecho humano a la igualdad y a la no discriminación, se procurará implementar una ruta de diálogo con las partes involucrados en los hechos, a fin de mediar en el marco de nuestras facultades por la reconstrucción del tejido social afectado por la discriminación y la intolerancia.
En la Ciudad de México, la discriminación es un fenómeno profundamente arraigado en todos los sectores de nuestra sociedad y por ello, se requiere de un cambio cultural orientado a la integración armónica de las relaciones que día con día entrelazan las personas que habitan y circulan en todos los ámbitos sociales.
El COPRED es una institución que promueve, difunde y defiende el derecho humano a igualdad y a la no discriminación de todas las personas que coinciden en la Ciudad de México, por lo que, con independencia de los procesos penales, civiles o administrativos que rijan el presente asunto, se fomentará una cultura de igualdad de oportunidades.
Corresponde a la sociedad en general, el reconocimiento urgente de garantizar los derechos humanos para todas las personas más allá de su condición económica, religiosa, partidista, étnica, sexual, cultural o cualquier otra, por lo que continuaremos en nuestro esfuerzo por abrir una brecha discursiva que permita legitimar el reconocimiento de todos los derechos y el respeto de la otredad de las personas.

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