¿Qué pasó con Carmen Aristegui?

En febrero de 2011 escribí sobre Carmen Aristegui a propósito de su salida de MVS. En aquel momento, mi lectura era inequívoca: estábamos ante un caso de censura y ante la pérdida de uno de los pocos espacios periodísticos capaces de enfrentar a los poderes políticos y económicos del país. Carmen Aristegui y los medios de comunicación en México. 

En aquel texto afirmaba que su trabajo periodístico resultaba incómodo para la clase política y los poderes fácticos, y sostenía que la defensa de Aristegui debía entenderse también como una defensa del derecho humano a estar informado. Frente a un sistema mediático que consideraba profundamente concentrado y poco plural, veía en ella una de las voces que todavía podían investigar, cuestionar y confrontar al poder.

Han pasado quince años y nuestro país atravesó la conclusión del ciclo político encabezado por el PRI y el PAN, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, la consolidación de Morena, la elección de Claudia Sheinbaum y una transformación profunda de las relaciones entre gobierno, medios de comunicación, redes sociales y audiencias, sin embargo, en ese proceso ocurrió algo que merece ser examinado con cuidado: Carmen Aristegui, una periodista que durante buena parte de su trayectoria fue identificada por sectores progresistas como una voz crítica frente a los gobiernos de derecha, terminó ocupando un lugar central entre las voces críticas de la llamada Cuarta Transformación.

La pregunta, entonces, no debería formularse de manera simplista: ¿Carmen Aristegui se volvió de derecha o conservadora?

La pregunta más interesante es otra: ¿La posición editorial y el ecosistema político-informativo alrededor de Aristegui han experimentado un desplazamiento hacia posiciones que hoy coinciden, objetiva o discursivamente, con sectores liberales, conservadores y opositores a la 4T?

La Carmen Aristegui antes de la 4T era, para muchos de sus seguidores, el ejemplo de una periodista cuyo principal valor consistía precisamente en incomodar al gobierno. Mi propio texto de entonces reflejaba una concepción política bastante clara: PRI y PAN representaban el continuismo neoliberal; el PRD había sido incapaz de construir una izquierda sólida; los grandes medios funcionaban como poderes fácticos y la ciudadanía necesitaba organizarse para defender su derecho a la información.

No era, por tanto, un texto políticamente neutral. Era una defensa de Aristegui desde una determinada concepción democrática y progresista de los medios de comunicación.

Por eso la evolución posterior resulta tan interesante. Cuando López Obrador llegó a la Presidencia en 2018, Aristegui no se convirtió en una periodista oficialista. Tampoco tenía por qué hacerlo. Su trabajo consistía, precisamente, en mantener distancia frente al poder, pero la distancia frente al nuevo gobierno adquirió características cada vez más visibles.

El punto de quiebre simbólico llegó en febrero de 2022, cuando López Obrador afirmó públicamente que Aristegui estaba “alineada al bloque conservador”. Aristegui respondió que el propósito de su medio era informar y que no estaba “ni a favor ni en contra” del gobierno.

Aquí aparece una primera paradoja. La periodista que en 2011 representaba para algunos de nosotros una voz enfrentada al poder ahora era señalada por el nuevo poder como integrante del bloque conservador, sin embargo, esa paradoja no demuestra por sí misma que Aristegui se haya convertido en conservadora. Lo que demuestra, al menos inicialmente, es que cambió la naturaleza del poder al que Aristegui estaba confrontando. Y quizá también cambió el ecosistema político desde el cual esa confrontación era interpretada.

El episodio de la llamada “Casa Gris” constituye uno de los momentos decisivos cuando en enero y febrero de 2022 se difundieron investigaciones sobre la residencia ocupada en Houston por José Ramón López Beltrán, hijo del entonces presidente, y la relación del inmueble con Baker Hughes, empresa que tenía contratos con Pemex, lo cual generó una intensa discusión pública sobre posibles conflictos de interés y, desde su canal Aristegui Noticias, se dio amplia cobertura al caso y continuó publicando información sobre los contratos y sus vínculos con Pemex.

Aristegui defendió la relevancia periodística del asunto precisamente porque involucraba a una persona políticamente expuesta, mientras que el gobierno, en cambio, interpretó aquella cobertura dentro de una ofensiva política más amplia contra López Obrador. El propio presidente sostuvo que el reportaje había sido elaborado por periodistas “alineados al bloque conservador”.

Aquí conviene detenerse.

La publicación de una investigación sobre un familiar del presidente no convierte automáticamente al periodista en opositor político, del mismo modo que investigar al presidente Enrique Peña Nieto no convirtió automáticamente a Aristegui en militante partidista. De hecho, sería peligroso aceptar esa lógica. El periodismo democrático tiene precisamente la función de investigar al poder con independencia de la ideología del gobierno.

Pero existe otra cuestión que sí merece ser estudiada: ¿Se fue modificando el universo político de referencias, interlocutores y audiencias de Aristegui en la medida en que la oposición a la 4T se convirtió en el principal punto de coincidencia entre sectores muy diversos de la sociedad mexicana?

Ahí empieza el verdadero problema.

Criticar a López Obrador no convierte a nadie en conservador. Criticar a Sheinbaum tampoco. Una democracia saludable necesita periodistas capaces de cuestionar tanto a gobiernos de izquierda como de derecha. El problema aparece cuando la crítica periodística deja de ser simplemente transversal al poder y comienza a coincidir sistemáticamente con los marcos interpretativos predominantes de un sector político determinado.

Uno de los casos más interesantes ocurrió durante la discusión de la reforma judicial de 2024, cuando Aristegui reconoció que las deficiencias del Poder Judicial eran reales y que una reforma era necesaria. Sin embargo, cuestionó frontalmente la propuesta del gobierno y en su programa sostuvo que la reforma tenía “tintes de venganza”, respaldando la posición de estudiantes que reclamaban “Reforma sí, pero no así”.

Nuevamente, eso no prueba conservadurismo. De hecho, se puede ser profundamente progresista y estar en contra de una reforma judicial impulsada por un gobierno progresista. Lo que sí resulta políticamente relevante, es observar el patrón editorial en donde la crítica al gobierno dejó de ser un episodio ocasional, para convertirse en un de eje permanente del espacio informativo y, ante ello, la crítica procedente de sectores de izquierda dentro del propio espacio de Aristegui comenzó a generar preguntas sobre la orientación editorial del programa.

En 2025 ocurrió un episodio particularmente revelador: la salida del historiador Lorenzo Meyer del espacio de análisis de Aristegui, quien había participado durante más de una década en sus mesas de discusión. Su salida fue acompañada por un debate público sobre el sentido y la composición del espacio editorial y sobre la resonancia que determinadas voces encontraban entre la audiencia.

Esto es importante no porque la salida de un colaborador demuestre por sí misma una transformación ideológica del medio -no la demuestra-, pero sí plantea una pregunta legítima sobre la transformación de la audiencia y del ecosistema político del programa. Durante años, la presencia de Meyer y otros analistas contribuyó a construir un espacio de discusión que podía ser crítico del poder desde perspectivas distintas. La reducción de esas voces, o su menor presencia, adquiere relevancia porque modifica el rango de posiciones que el público recibe.

Y aquí viene lo interesante, si la audiencia cambia, también cambia el medio, no necesariamente porque su conductora haya cambiado de ideología, sino porque el mercado político de las opiniones cambia, por tanto, una audiencia que hasta 2018 encontraba en Aristegui una voz de crítica frente al PRI y al PAN podía comenzar, durante la década siguiente, a buscarla precisamente por su crítica a Morena.

En ese proceso, una misma periodista puede conservar una identidad fundamental —la de periodista crítica— mientras cambia radicalmente la posición política que ocupa dentro del sistema.

Conviene hacer una pausa antes de caer en una conclusión apresurada. La etiqueta “conservadora” tiene una carga política demasiado fuerte como para utilizarla simplemente como sinónimo de “crítica de López Obrador”. Incluso, no podemos dejar de reconocer que Aristegui continúa abordando asuntos relacionados con derechos humanos, corrupción, violencia, justicia, igualdad, abusos de poder y otros problemas sociales desde perspectivas que difícilmente pueden reducirse a una agenda partidista y, por eso, sería intelectualmente pobre concluir: “Aristegui critica a Morena, por lo tanto es de derecha o conservadora”.

Ese razonamiento reproduce exactamente la lógica que criticábamos cuando el gobierno de López Obrador sugería que cualquier periodista crítico formaba parte del “bloque conservador”. Un gobierno no tiene derecho a determinar ideológicamente quién puede ser considerado periodista independiente.

Pero existe también una conclusión incómoda para la propia Aristegui. La independencia periodística no consiste únicamente en afirmar que se es independiente. También implica preguntarse desde dónde se habla, quiénes tienen acceso al micrófono, qué voces predominan, qué marcos explicativos se repiten y quién termina beneficiándose de la selección temática.

Ahí es donde la discusión se vuelve mucho más interesante. La situación de la libertad de expresión en México tampoco permite reducir todo el debate a una confrontación entre Aristegui y Morena, porque en nuestro país, continúa siendo sumamente peligroso para ejercer el periodismo, como refieren organizaciones no gubernamentales como Reporteros Sin Fronteras, quien coloca a México en el lugar 122 de 180 países en su clasificación mundial de libertad de prensa de 2026 y advierte que el país sigue siendo uno de los lugares más peligrosos y mortíferos del mundo para periodistas.

El diagnóstico también muestra algo particularmente importante: el problema no es únicamente político. Existe una concentración mediática muy elevada, mientras que las amenazas procedentes del crimen organizado y la connivencia de autoridades locales constituyen uno de los principales riesgos para la prensa.

Por eso resulta insuficiente afirmar que la libertad de expresión mexicana se encuentra amenazada exclusivamente por el gobierno federal. Y sería igualmente incorrecto afirmar que el gobierno no enfrenta ninguna responsabilidad. La propia realidad mexicana contradice ambas simplificaciones.

Por otro lado, con la Presidenta Claudia Sheinbaum la relación con Aristegui ha adquirido una dimensión particularmente interesante. En agosto de 2026, la discusión en torno a los llamados “ecosistemas de amplificación” llevó nuevamente a un enfrentamiento público.

Sheinbaum rechazó que el gobierno hubiera elaborado una “lista” de periodistas para censurarlos y sostuvo que los señalamientos gubernamentales se referían al funcionamiento de redes digitales y campañas de amplificación. Al mismo tiempo, defendió la existencia de espacios institucionales para que el gobierno pudiera ejercer el derecho de réplica.

En la misma conferencia, la presidenta mencionó directamente a Carmen Aristegui y sostuvo que el hecho de que pudiera criticar al gobierno demostraba que existía libertad de expresión y en respuesta, Aristegui señaló que ella no había comparado personalmente a Sheinbaum con Hitler o Stalin, sino que su crítica se refería a la exhibición de nombres de periodistas y medios dentro de aquella presentación gubernamental.

Y aquí aparece una paradoja extraordinariamente poderosa para comprender el México actual, la periodista que en 2011 defendíamos porque había sido víctima de la relación entre poder político y medios vuelve a protagonizar, quince años después, una disputa pública con el poder precisamente en torno a los límites de la libertad de expresión.

El escenario ha cambiado. Los actores han cambiado. Pero el problema de fondo permanece.

Existe una interpretación alternativa que merece ser tomada muy en serio.

Tal vez Carmen Aristegui no se desplazó sustancialmente hacia la derecha. Tal vez México se desplazó hacia la izquierda y, al hacerlo, modificó la ubicación política de Aristegui dentro del espacio público.

En 2011, cuestionar al gobierno de Felipe Calderón desde una perspectiva de derechos humanos y de crítica a los poderes económicos podía colocar a un periodista cerca de sectores progresistas, sin embargo, en 2025 o 2026, cuestionar una reforma promovida por Morena, denunciar posibles excesos del Ejecutivo o defender al Poder Judicial puede producir el efecto contrario: situar a ese mismo periodista, al menos discursivamente, junto a sectores conservadores y liberales. Tal vez, la periodista no necesariamente cambió, sino lo que se movió fue el punto desde el cual observamos su posición.

Pero existe una segunda posibilidad. Quizá ambas cosas son ciertas. Quizá Aristegui sigue conservando rasgos fundamentales de la periodista crítica e independiente que conocimos durante décadas, pero al mismo tiempo su espacio mediático ha ido adquiriendo una mayor proximidad temática, discursiva o sociológica con segmentos de la oposición política mexicana. Estas dos hipótesis no son incompatibles. Y ahí está, a mi juicio, la verdadera discusión.

Sería absurdo exigir a Carmen Aristegui que conserve una posición política determinada simplemente porque en anteriormente algunos sectores progresistas la consideraban una periodista cercana a sus causas. La independencia no consiste en ser progresista. Tampoco consiste en ser antiobradorista. Consiste en mantener una distancia crítica frente a cualquier forma de poder y por ello, el verdadero parámetro entorno al micrófono de Aristegui no debería ser si sus opiniones coinciden hoy con la izquierda, con la derecha, con Morena, con el PAN o con cualquier otro actor.

La pregunta debería ser mucho más exigente: ¿Mantiene el mismo estándar crítico frente a todos los poderes? ¿Investiga con la misma intensidad al gobierno y a la oposición? ¿Cuestiona de igual manera a Morena y a sus adversarios? ¿Da la misma importancia a los abusos empresariales que a los abusos gubernamentales? ¿Examina con igual severidad las narrativas provenientes del poder económico, del poder político y del poder mediático? ¿Su selección de invitados representa realmente pluralidad? ¿La opinión ocupa un espacio claramente diferenciable de la información?

Quizá lo más interesante de este ejercicio sea releer hoy aquella reflexión que escribí en 2011, donde expresaba entonces que la ciudadanía debía defender espacios de comunicación capaces de cuestionar al poder y por ello, quince años después sigo creyendo exactamente lo mismo, pero ahora habría que agregar algo: Los espacios de libertad de expresión no deben defenderse únicamente cuando quien ejerce el poder piensa distinto de nosotros. La verdadera prueba democrática comienza cuando el periodismo que admiramos cuestiona al gobierno que nosotros apoyamos o también, cuando el gobierno que nosotros apoyamos cuestiona a ese periodismo.

Defender la libertad de expresión de Carmen Aristegui frente a Felipe Calderón era relativamente sencillo para quienes éramos críticos de aquel gobierno. El verdadero desafío intelectual consiste ahora en defender la libertad de Aristegui para cuestionar a López Obrador y a Sheinbaum, al mismo tiempo que conservamos el derecho a cuestionar críticamente a Aristegui.

Esa es, probablemente, la esencia de una democracia madura.

Carmen Aristegui representa, quizá más que cualquier otra periodista mexicana contemporánea, una paradoja del tránsito político de México. Fue símbolo de resistencia frente a gobiernos identificados con la derecha; después se convirtió en una de las voces periodísticas más incómodas para el gobierno identificado con la izquierda. Hoy mantiene una relación conflictiva con el gobierno de Claudia Sheinbaum y vuelve a colocarse en el centro de una discusión nacional sobre libertad de expresión.

¿Es Carmen Aristegui una periodista de derecha? Me atrevería a decir que no existen elementos suficientes para convertir esa afirmación en un hecho. ¿Existen indicios para estudiar un desplazamiento del lugar político de Aristegui y de su audiencia hacia posiciones cada vez más cercanas a sectores opositores y conservadores? Considero que si y este hecho merece ser investigado con mucha mayor profundidad.

Pero quizá la conclusión más interesante sea otra. En 2011 yo escribía que México necesitaba periodistas capaces de describir, investigar y divulgar aquello que los gobiernos y los poderes fácticos preferían mantener oculto y, quince años después, esa convicción permanece.

Ya no basta con preguntarnos: ¿Quién censura a Carmen Aristegui? Ahora debemos preguntarnos también: ¿Desde dónde habla Carmen Aristegui, qué voces tienen espacio a su alrededor y qué intereses —políticos, económicos, ideológicos o sociales— terminan ocupando el centro de la conversación pública?

Porque defender la libertad de expresión no significa otorgarle a una periodista un certificado permanente de superioridad moral. Significa defender su derecho a hablar. Y, al mismo tiempo, nuestro derecho a escucharla, cuestionarla y disentir de ella.

Ese quizá sea el verdadero significado de la libertad de expresión en el México de 2026.