lunes, 12 de octubre de 2026
viernes, 2 de octubre de 2026
jueves, 17 de septiembre de 2026
Entre la memoria y el futuro: reflexiones ante la sucesión en el COPRED
La próxima renovación de la Presidencia
del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
(COPRED) constituye, además de un proceso institucional, una oportunidad para
volver la mirada sobre el camino recorrido y preguntarnos qué debe permanecer,
qué necesita transformarse y qué nuevos desafíos tendrá que enfrentar esta
institución.
La convocatoria para integrar la terna
de personas que será presentada a la titular de la Jefatura de Gobierno forma
parte ya de un proceso formal de la sucesión[1] de la actual presidenta,
Geraldina González de la Vega Hernández, quien concluye su mandato el 14 de
octubre de 2026.
En momentos como éste suele hablarse
principalmente de perfiles, capacidades, experiencia y proyectos. Todos esos
elementos son indispensables, sin embargo, existe otra dimensión que quizá
merece mayor atención: la memoria institucional.
Una institución de derechos humanos no
se construye únicamente a partir de una ley que le da existencia, de un
organigrama o de las atribuciones que formalmente se le asignan. Se construye sobre
todo con las personas que, durante años, han puesto su trabajo, conocimiento y
convicciones al servicio de una causa; con los casos que obligan a desarrollar
nuevas respuestas; con las alianzas que se establecen con la sociedad; con las
políticas públicas que se diseñan y evalúan; y, sobre todo, con los aprendizajes
que dejan los aciertos y las dificultades.
Mi acercamiento al COPRED pertenece
precisamente a esa historia.
El 24 de febrero de 2011, con la
publicación de la entonces Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México, el Consejo adquirió formalmente la naturaleza institucional
con la que hoy lo conocemos y, correspondió al entonces Jefe de Gobierno licenciado
Marcelo Ebrard Casaubón, elegir a Jacqueline L´Hoist como la primera presidenta
en reconocimiento a su experiencia y sensibilidad proveniente de las
organizaciones ciudadanas en la Ciudad de México.
Como primer acto “institucional”,
Jacqueline tuvo la amabilidad de invitarme a iniciar la ruta de conformación de
un COPRED que, hasta ese momento, existía únicamente en mandato legal, procediendo
el nacimiento, diseño y construcción de una dependencia pública del Gobierno de
la Ciudad de México.
Su primera Junta de Gobierno se instaló
el 25 de noviembre de ese mismo año. La propia memoria con motivo de los diez
años del COPRED[2]
reconoce que sus primeros años estuvieron marcados por la necesidad de
construir prácticamente todos los componentes de una institución nueva:
atención ciudadana, identificación de prácticas discriminatorias, diseño y
seguimiento de políticas públicas y promoción de una cultura de la no
discriminación y ahora, ante la actual coyuntura 15 años después, puedo decir
con mucho orgullo que tuve la oportunidad de formar parte de esa etapa entre
2011 y 2017.
Mirando ahora esos años a la distancia,
creo que una de las características más importantes del COPRED de entonces era
precisamente que se trataba de una institución en construcción, en donde había
que definir procedimientos, generar capacidades, establecer vínculos con otras
instituciones y, al mismo tiempo, explicar a la sociedad lo que significaba
contar con un organismo especializado en prevenir y eliminar la discriminación
en la Ciudad de México. No era una tarea menor. La discriminación podía
reconocerse en el discurso público como una conducta injusta y socialmente
reprochable, pero de ahí a convertir el principio de igualdad y no
discriminación en una política pública, exigía algo mucho más complejo como identificar
prácticas concretas, documentarlas, atender a quienes las padecían, dialogar
con las instituciones responsables y construir mecanismos capaces de modificar
esas prácticas[3].
Para ello, durante esos años tuve la oportunidad
de crear y ser titular de la Dirección de Cultura por la No Discriminación,
cuyo nombre expresaba, en cierta medida, una convicción que siempre he
considerado como misión de vida: el combate a la discriminación no puede limitarse
a reaccionar ante ella una vez que había ocurrido. Se necesita modificar las
ideas, las prácticas y los comportamientos que la reproducen en todos los
espacios de una sociedad, pero, sobre todo, reconocer que detrás de cada
concepto jurídico existe una persona o comunidad que reclama el ejercicio digno
de sus derechos humanos.
Uno de los asuntos que recuerdo a través
de los registros de aquella época fue el caso de una joven trabajadora que
denunció haber sido acosada y despedida después de informar que estaba
embarazada. Su denuncia adquirió visibilidad a través de redes sociales y llegó
al COPRED; el caso mostró con particular claridad cómo la discriminación podía
aparecer en las relaciones laborales y afectar directamente el ejercicio de los
derechos de las mujeres y, por ello, en 2015 se emitió el primer Informe
Especial Despido por Embarazo. Discriminación[4].
Otro caso que permanece especialmente
presente es el de un niño indígena en un colegio privado de la Ciudad de
México. En febrero de 2014, el COPRED emitió una Opinión Jurídica relacionada
con la discriminación que habría sufrido un menor indígena mazateco en el
Colegio La Salle de Seglares. La investigación institucional incluyó un proceso
de conciliación y concluyó con la emisión de una resolución en la que se
acreditó la conducta discriminatoria, en la que se propuso, entre otros
aspectos, medidas de sensibilización y capacitación para la comunidad escolar y
el personal docente[5].
Ese tipo de asuntos mostraba algo
fundamental: la discriminación rara vez se presenta de manera aislada y, con
frecuencia se encuentra vinculada con relaciones de poder, prejuicios,
desigualdad económica, género, origen étnico, condición social o pertenencia a
determinados grupos.
Y también mostraba que la respuesta
institucional debía ser multidimensional. No bastaba con decir que una conducta
estaba mal. Había que documentarla, analizarla desde el marco jurídico,
dialogar con las partes, buscar soluciones, construir medidas reivindicatorias
y procurar que el caso contribuyera también a prevenir que situaciones
semejantes volvieran a ocurrir y, asimilar que la atención de casos y la
construcción de políticas públicas no eran tareas separadas.
Los casos permitían identificar patrones
y los patrones podían convertirse en preguntas para la política pública. Ya no
se trataba únicamente de una agenda de sensibilización. Era también una agenda
de política pública, evaluación, coordinación institucional y rendición de
cuentas.
Un ejemplo especialmente significativo fue la
construcción del Instituto Nelson Mandela de la Ciudad de México[6],
para lo cual, en 2014, el COPRED y la Embajada de Sudáfrica suscribimos el
Código de Conducta para autorizar el uso del nombre de Nelson Mandela y conformar
un espacio para la educación, capacitación y profesionalización en derechos
humanos, igualdad y no discriminación dirigida tanto a personas servidoras
públicas como a la ciudadanía⁴, en donde se sintetizaba la idea de que la
prevención exige conocimiento, formación y capacidad para convertir los
principios en prácticas cotidianas.
La misma lógica estuvo presente en “Octubre,
mes del Trato Igualitario”. A partir de 2013, el 18 de octubre fue declarado
Día del Trato Igualitario en la Ciudad de México y se impulsó una estrategia
coordinada con distintas dependencias para llevar el principio de no
discriminación al conjunto de la administración y al espacio público. En 2014
la campaña se amplió a las 16 demarcaciones y a numerosas instituciones, bajo
una formulación positiva: rechazar la discriminación y convocar a la mayor
cantidad de actores sociales a construir una cultura de trato igualitario[7],
como parte de una expresión anual en el espacio público y privado de la CDMX.
Es decir, comenzaba a construirse la
idea de que prevenir y eliminar la discriminación debía formar parte de la
manera en que el gobierno diseñaba e implementaba sus políticas y la agenda del
COPRED también se ampliaba hacia sectores sociales históricamente discriminados
como la diversidad sexual, los pueblos indígenas, las poblaciones callejeras,
las mujeres, las personas jóvenes y otros grupos fueron colocando nuevos
desafíos sobre la mesa.
Otro ámbito cuyas raíces dieron inicio en aquellas épocas, fue el trabajo con el sector privado. Desde el COPRED impulsamos, en
colaboración con la Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral (ADIL), los
primeros tres Foros de Buenas Prácticas Empresariales, realizados en 2014, 2015
y 2016. Aquellos encuentros fueron mucho más que ejercicios de sensibilización,
permitieron acercar al Consejo a empresas que ya desarrollaban políticas de
inclusión, reconocer experiencias concretas y generar un diálogo sobre la
responsabilidad del sector privado en la construcción de espacios laborales
libres de discriminación. El primer foro puso especial atención en la inclusión
laboral de las personas LGBTTTI; el segundo comenzó a incorporar evidencia
sobre los efectos de estas políticas en el bienestar y desempeño de las
personas trabajadoras; y el tercero, bajo el concepto de “La Política de Inclusión Laboral
como Retorno de Inversión”[8],
amplió la discusión hacia mujeres, personas con discapacidad, diversidad sexual
y personas jóvenes y mayores.
Estos esfuerzos contribuyeron a
consolidar el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario y dejaron una premisa que
hoy me parece todavía vigente: la igualdad y la no discriminación no son
solamente obligaciones jurídicas, sino también condiciones para construir
mejores espacios de trabajo y relaciones más responsables entre empresas y
sociedad.
En 2014, por ejemplo, participamos en
actividades públicas relacionadas con la transfobia y el bullying homofóbico,
en un momento en que la discusión sobre diversidad sexual y reconocimiento de
derechos estaba adquiriendo una creciente presencia en el espacio público y en
donde la dimensión internacional también formó parte de esa etapa, consolidando
en 2017, conformar una iniciativa y metodología de creación de la Red
Latinoamericana de Ciudades Arcoíris[9], con la participación
ciudades internacionales que mostraban experiencias locales y una política de
igualdad y no discriminación como en un espacio de cooperación entre gobiernos.
Hoy, al aproximarse una nueva sucesión
en la Presidencia del COPRED, vale la pena recuperar aquella historia,
no por nostalgia, ni tampoco para idealizar un periodo determinado. Mucho menos
para afirmar que todo lo que se hizo entonces fue correcto o suficiente.
La memoria institucional sirve para algo
distinto: permite reconocer de dónde vienen las herramientas que hoy parecen
naturales, identificar las dificultades que hubo que superar para crearlas y
comprender que toda institución es resultado de un proceso colectivo y esto es,
especialmente importante en el campo de los derechos humanos.
Cada generación institucional recibe
avances construidos por quienes estuvieron antes, pero también recibe problemas
que quedaron pendientes. Por eso, la sucesión no debería entenderse solamente
como un cambio de persona titular. Debe ser, también, una oportunidad para
revisar el proyecto institucional.
¿Qué debe conservar el COPRED?
Sin duda, su capacidad para escuchar a
las personas y atender situaciones concretas de discriminación. Su vocación de
incidencia pública. Su capacidad para trabajar con organizaciones sociales,
academia, instituciones públicas y sectores privados. Y, sobre todo, su
posibilidad de hacer visible aquello que muchas veces permanece normalizado.
Como toda institución, necesita seguir
transformándose porque las formas de discriminación cambian y los espacios
donde se producen también. La discriminación contemporánea aparece en ámbitos
tradicionales, pero también en entornos digitales, en los mercados laborales,
en los servicios, en las escuelas, en los espacios urbanos y en nuevas formas
de interacción social. Las desigualdades económicas y sociales pueden
profundizar sus efectos y generar formas cada vez más complejas de exclusión y,
por ello, una institución como el COPRED no puede limitarse a preservar lo que
ya ha construido.
Por eso, ante la próxima sucesión en el
COPRED, quizá la pregunta más importante no sea solamente quién encabezará el
Consejo durante los próximos años. La pregunta es qué institución queremos que
reciba esa nueva conducción. Hoy corresponde a nuevas generaciones continuar
esa tarea y cada sucesión debería ser vista como una oportunidad para
preguntarnos cuánto de aquella construcción inicial permanece, qué se ha
aprendido en el camino y qué debemos ser capaces de construir ahora.
Porque una cosa debe quedar clara, la
lucha contra la discriminación no concluye cuando una institución alcanza la
madurez. Comienza, precisamente, cuando tiene la capacidad de reconocerse a sí
misma, revisar su camino y jamás olvidar colocar los derechos de las personas y
de las poblaciones en el centro.
[1] Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, 7 de agosto de 2026, mecanismo participativo
para integrar la terna; información pública sobre la renovación de la
Presidencia.
[2] COPRED. Disponible
en https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Memoria-COPRED-decada.pdf.
[3] Diario Rotativo. 9 de diciembre de 2013. Disponible en Consideran en DF que erradicar
discriminación es asunto de actitud | Rotativo.
[4] Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=PaFn5nLEKG8.
[5] SDP Noticias. 18 de febrero de 2014. Disponible en https://www.sdpnoticias.com/local/indigena-copred-razon-nino-da.html
e Iván Pérez Vitela presenta Opinión Jurídica COPRED Q
01 2014.
[6] El Diario MX. 21 de marzo de
2015. Disponible en https://diario.mx/nacional/2015/mar/21/autorizan-al-df-utilizar-el-nombre-nelson-mandela-380743.html.
[7] Disponible
en https://www.youtube.com/watch?v=A_Kr_45wb3s;
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59f/243/f81/59f243f81b954346640517.pdf
y Segundamano se una el Gran
Acuerdo Por el Trato Igualitario CDMX.
[8] COPRED. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=zGHoOgIKy6A&t=2226s
miércoles, 9 de septiembre de 2026
Una mirada desde América Latina a la Unión Europea y
su particular enfoque de los Derechos Humanos.
https://eurolatinstudies.com/en/post_135/
Hace algunos años tuve la oportunidad de publicar una reflexión en el Observatorio de Estudios Europeos, del Latin American Center of European Studies, en torno a una cuestión que considero sigue siendo profundamente vigente: el enfoque eurocéntrico de los derechos humanos y su proyección hacia otras regiones del mundo, particularmente América Latina.
La construcción contemporánea de los derechos humanos ha significado, sin duda, uno de los mayores avances de la humanidad. Sin embargo, también resulta necesario preguntarnos desde dónde se construyen sus categorías, quién define sus contenidos y bajo qué realidades históricas, sociales y culturales pretenden aplicarse.
En América Latina, esta reflexión adquiere una especial relevancia. Como nos invitaba a pensar el distinguido filósofo Enrique Dussel, necesitamos avanzar hacia una mirada crítica y descolonizadora, capaz de reconocer nuestras propias realidades, experiencias históricas y formas de comprender la dignidad humana.
No se trata de negar las aportaciones de Europa a la construcción del pensamiento sobre los derechos humanos, sino de superar cualquier pretensión de que exista una única manera de comprenderlos y realizarlos.
Hoy, desde nuestra región, el desafío sigue siendo construir derechos humanos universales, pero no uniformes; universales, pero sensibles a las historias, desigualdades y realidades concretas de nuestros pueblos.
SE INVITA A LEER EL ARTÍCULO COMPLETO EN:
https://eurolatinstudies.com/en/post_135/
#DerechosHumanos #AméricaLatina #Descolonización #PensamientoCrítico #EnriqueDussel #DerechosHumanosEnAméricaLatina #TeoríaCrítica
lunes, 31 de agosto de 2026
¿Qué
pasó con Carmen Aristegui?
En
febrero de 2011 escribí sobre Carmen Aristegui a propósito de su salida de MVS.
En aquel momento, mi lectura era inequívoca: estábamos ante un caso de censura
y ante la pérdida de uno de los pocos espacios periodísticos capaces de
enfrentar a los poderes políticos y económicos del país. Carmen Aristegui y los medios de comunicación en México.
En
aquel texto afirmaba que su trabajo periodístico resultaba incómodo para la
clase política y los poderes fácticos, y sostenía que la defensa de Aristegui
debía entenderse también como una defensa del derecho humano a estar informado.
Frente a un sistema mediático que consideraba profundamente concentrado y poco
plural, veía en ella una de las voces que todavía podían investigar, cuestionar
y confrontar al poder.
Han
pasado quince años y nuestro país atravesó la conclusión del ciclo político
encabezado por el PRI y el PAN, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la
Presidencia, la consolidación de Morena, la elección de Claudia Sheinbaum y una
transformación profunda de las relaciones entre gobierno, medios de
comunicación, redes sociales y audiencias, sin embargo, en ese proceso ocurrió
algo que merece ser examinado con cuidado: Carmen Aristegui, una periodista que
durante buena parte de su trayectoria fue identificada por sectores
progresistas como una voz crítica frente a los gobiernos de derecha, terminó
ocupando un lugar central entre las voces críticas de la llamada Cuarta
Transformación.
La
pregunta, entonces, no debería formularse de manera simplista: ¿Carmen
Aristegui se volvió de derecha o conservadora?
La
pregunta más interesante es otra: ¿La posición editorial y el ecosistema
político-informativo alrededor de Aristegui han experimentado un desplazamiento
hacia posiciones que hoy coinciden, objetiva o discursivamente, con sectores
liberales, conservadores y opositores a la 4T?
La
Carmen Aristegui antes de la 4T era, para muchos de sus seguidores, el ejemplo
de una periodista cuyo principal valor consistía precisamente en incomodar al
gobierno. Mi propio texto de entonces reflejaba una concepción política
bastante clara: PRI y PAN representaban el continuismo neoliberal; el PRD había
sido incapaz de construir una izquierda sólida; los grandes medios funcionaban
como poderes fácticos y la ciudadanía necesitaba organizarse para defender su
derecho a la información.
No
era, por tanto, un texto políticamente neutral. Era una defensa de Aristegui
desde una determinada concepción democrática y progresista de los medios de
comunicación.
Por
eso la evolución posterior resulta tan interesante. Cuando López Obrador llegó
a la Presidencia en 2018, Aristegui no se convirtió en una periodista
oficialista. Tampoco tenía por qué hacerlo. Su trabajo consistía, precisamente,
en mantener distancia frente al poder, pero la distancia frente al nuevo
gobierno adquirió características cada vez más visibles.
El
punto de quiebre simbólico llegó en febrero de 2022, cuando López Obrador
afirmó públicamente que Aristegui estaba “alineada al bloque conservador”.
Aristegui respondió que el propósito de su medio era informar y que no estaba
“ni a favor ni en contra” del gobierno.
Aquí
aparece una primera paradoja. La periodista que en 2011 representaba para
algunos de nosotros una voz enfrentada al poder ahora era señalada por el nuevo
poder como integrante del bloque conservador, sin embargo, esa paradoja no
demuestra por sí misma que Aristegui se haya convertido en conservadora. Lo que
demuestra, al menos inicialmente, es que cambió la naturaleza del poder al que
Aristegui estaba confrontando. Y quizá también cambió el ecosistema político
desde el cual esa confrontación era interpretada.
El
episodio de la llamada “Casa Gris” constituye uno de los momentos decisivos
cuando en enero y febrero de 2022 se difundieron investigaciones sobre la
residencia ocupada en Houston por José Ramón López Beltrán, hijo del entonces
presidente, y la relación del inmueble con Baker Hughes, empresa que tenía
contratos con Pemex, lo cual generó una intensa discusión pública sobre
posibles conflictos de interés y, desde su canal Aristegui Noticias, se dio
amplia cobertura al caso y continuó publicando información sobre los contratos
y sus vínculos con Pemex.
Aristegui
defendió la relevancia periodística del asunto precisamente porque involucraba
a una persona políticamente expuesta, mientras que el gobierno, en cambio,
interpretó aquella cobertura dentro de una ofensiva política más amplia contra
López Obrador. El propio presidente sostuvo que el reportaje había sido
elaborado por periodistas “alineados al bloque conservador”.
Aquí conviene detenerse.
La
publicación de una investigación sobre un familiar del presidente no convierte
automáticamente al periodista en opositor político, del mismo modo que
investigar al presidente Enrique Peña Nieto no convirtió automáticamente a
Aristegui en militante partidista. De hecho, sería peligroso aceptar esa
lógica. El periodismo democrático tiene precisamente la función de investigar
al poder con independencia de la ideología del gobierno.
Pero
existe otra cuestión que sí merece ser estudiada: ¿Se fue modificando el
universo político de referencias, interlocutores y audiencias de Aristegui en
la medida en que la oposición a la 4T se convirtió en el principal punto de
coincidencia entre sectores muy diversos de la sociedad mexicana?
Ahí
empieza el verdadero problema.
Criticar
a López Obrador no convierte a nadie en conservador. Criticar a Sheinbaum
tampoco. Una democracia saludable necesita periodistas capaces de cuestionar
tanto a gobiernos de izquierda como de derecha. El problema aparece cuando la
crítica periodística deja de ser simplemente transversal al poder y comienza a
coincidir sistemáticamente con los marcos interpretativos predominantes de un
sector político determinado.
Uno
de los casos más interesantes ocurrió durante la discusión de la reforma
judicial de 2024, cuando Aristegui reconoció que las deficiencias del Poder
Judicial eran reales y que una reforma era necesaria. Sin embargo, cuestionó
frontalmente la propuesta del gobierno y en su programa sostuvo que la reforma
tenía “tintes de venganza”, respaldando la posición de estudiantes que
reclamaban “Reforma sí, pero no así”.
Nuevamente,
eso no prueba conservadurismo. De hecho, se puede ser profundamente progresista
y estar en contra de una reforma judicial impulsada por un gobierno
progresista. Lo que sí resulta políticamente relevante, es observar el patrón editorial en donde la crítica al gobierno dejó de ser un episodio ocasional,
para convertirse en un de eje permanente del espacio informativo y, ante ello, la
crítica procedente de sectores de izquierda dentro del propio espacio de
Aristegui comenzó a generar preguntas sobre la orientación editorial del
programa.
En
2025 ocurrió un episodio particularmente revelador: la salida del historiador
Lorenzo Meyer del espacio de análisis de Aristegui, quien había participado
durante más de una década en sus mesas de discusión. Su salida fue acompañada
por un debate público sobre el sentido y la composición del espacio editorial y
sobre la resonancia que determinadas voces encontraban entre la audiencia.
Esto
es importante no porque la salida de un colaborador demuestre por sí misma una
transformación ideológica del medio -no la demuestra-, pero sí plantea una
pregunta legítima sobre la transformación de la audiencia y del ecosistema
político del programa. Durante años, la presencia de Meyer y otros analistas
contribuyó a construir un espacio de discusión que podía ser crítico del poder
desde perspectivas distintas. La reducción de esas voces, o su menor presencia,
adquiere relevancia porque modifica el rango de posiciones que el público
recibe.
Y
aquí viene lo interesante, si la audiencia cambia, también cambia el medio, no
necesariamente porque su conductora haya cambiado de ideología, sino porque el
mercado político de las opiniones cambia, por tanto, una audiencia que hasta
2018 encontraba en Aristegui una voz de crítica frente al PRI y al PAN podía
comenzar, durante la década siguiente, a buscarla precisamente por su crítica a
Morena.
En
ese proceso, una misma periodista puede conservar una identidad fundamental —la
de periodista crítica— mientras cambia radicalmente la posición política que
ocupa dentro del sistema.
Conviene hacer una pausa antes de caer en una conclusión apresurada. La
etiqueta “conservadora” tiene una carga política demasiado fuerte como para
utilizarla simplemente como sinónimo de “crítica de López Obrador”. Incluso, no
podemos dejar de reconocer que Aristegui continúa abordando asuntos
relacionados con derechos humanos, corrupción, violencia, justicia, igualdad,
abusos de poder y otros problemas sociales desde perspectivas que difícilmente
pueden reducirse a una agenda partidista y, por eso, sería intelectualmente
pobre concluir: “Aristegui critica a Morena, por lo tanto es de derecha o
conservadora”.
Ese
razonamiento reproduce exactamente la lógica que criticábamos cuando el
gobierno de López Obrador sugería que cualquier periodista crítico formaba
parte del “bloque conservador”. Un gobierno no tiene derecho a determinar
ideológicamente quién puede ser considerado periodista independiente.
Pero
existe también una conclusión incómoda para la propia Aristegui. La
independencia periodística no consiste únicamente en afirmar que se es
independiente. También implica preguntarse desde dónde se habla, quiénes tienen
acceso al micrófono, qué voces predominan, qué marcos explicativos se repiten y
quién termina beneficiándose de la selección temática.
Ahí
es donde la discusión se vuelve mucho más interesante. La situación de la
libertad de expresión en México tampoco permite reducir todo el debate a una
confrontación entre Aristegui y Morena, porque en nuestro país, continúa
siendo sumamente peligroso para ejercer el periodismo, como refieren
organizaciones no gubernamentales como Reporteros Sin Fronteras, quien coloca a
México en el lugar 122 de 180 países en su clasificación mundial de libertad de
prensa de 2026 y advierte que el país sigue siendo uno de los lugares más
peligrosos y mortíferos del mundo para periodistas.
El
diagnóstico también muestra algo particularmente importante: el problema no es
únicamente político. Existe una concentración mediática muy elevada, mientras
que las amenazas procedentes del crimen organizado y la connivencia de
autoridades locales constituyen uno de los principales riesgos para la prensa.
Por
eso resulta insuficiente afirmar que la libertad de expresión mexicana se
encuentra amenazada exclusivamente por el gobierno federal. Y sería igualmente
incorrecto afirmar que el gobierno no enfrenta ninguna responsabilidad. La
propia realidad mexicana contradice ambas simplificaciones.
Por
otro lado, con la Presidenta Claudia Sheinbaum la relación con Aristegui ha
adquirido una dimensión particularmente interesante. En agosto de 2026, la
discusión en torno a los llamados “ecosistemas de amplificación” llevó
nuevamente a un enfrentamiento público.
Sheinbaum rechazó que el gobierno hubiera elaborado una “lista” de periodistas para censurarlos y sostuvo que los señalamientos gubernamentales se referían al funcionamiento de redes digitales y campañas de amplificación. Al mismo tiempo, defendió la existencia de espacios institucionales para que el gobierno pudiera ejercer el derecho de réplica.
En la misma conferencia, la presidenta mencionó directamente a Carmen Aristegui y sostuvo que el hecho de que pudiera criticar al gobierno demostraba que existía libertad de expresión y en respuesta, Aristegui señaló que ella no había comparado personalmente a Sheinbaum con Hitler o Stalin, sino que su crítica se refería a la exhibición de nombres de periodistas y medios dentro de aquella presentación gubernamental.
Y
aquí aparece una paradoja extraordinariamente poderosa para comprender el
México actual, la periodista que en 2011 defendíamos porque había sido víctima
de la relación entre poder político y medios vuelve a protagonizar, quince años
después, una disputa pública con el poder precisamente en torno a los límites
de la libertad de expresión.
El
escenario ha cambiado. Los actores han cambiado. Pero el problema de fondo
permanece.
Existe
una interpretación alternativa que merece ser tomada muy en serio.
Tal
vez Carmen Aristegui no se desplazó sustancialmente hacia la derecha. Tal vez
México se desplazó hacia la izquierda y, al hacerlo, modificó la ubicación
política de Aristegui dentro del espacio público.
En
2011, cuestionar al gobierno de Felipe Calderón desde una perspectiva de
derechos humanos y de crítica a los poderes económicos podía colocar a un
periodista cerca de sectores progresistas, sin embargo, en 2025 o 2026,
cuestionar una reforma promovida por Morena, denunciar posibles excesos del
Ejecutivo o defender al Poder Judicial puede producir el efecto contrario:
situar a ese mismo periodista, al menos discursivamente, junto a sectores
conservadores y liberales. Tal vez, la periodista no necesariamente cambió,
sino lo que se movió fue el punto desde el cual observamos su posición.
Sería
absurdo exigir a Carmen Aristegui que conserve una posición política
determinada simplemente porque en anteriormente algunos sectores progresistas
la consideraban una periodista cercana a sus causas. La independencia no
consiste en ser progresista. Tampoco consiste en ser antiobradorista. Consiste
en mantener una distancia crítica frente a cualquier forma de poder y por ello,
el verdadero parámetro entorno al micrófono de Aristegui no debería ser si sus
opiniones coinciden hoy con la izquierda, con la derecha, con Morena, con el
PAN o con cualquier otro actor.
La
pregunta debería ser mucho más exigente: ¿Mantiene el mismo estándar crítico
frente a todos los poderes? ¿Investiga con la misma intensidad al gobierno y a
la oposición? ¿Cuestiona de igual manera a Morena y a sus adversarios? ¿Da la
misma importancia a los abusos empresariales que a los abusos gubernamentales?
¿Examina con igual severidad las narrativas provenientes del poder económico,
del poder político y del poder mediático? ¿Su selección de invitados representa
realmente pluralidad? ¿La opinión ocupa un espacio claramente diferenciable de
la información?
Quizá
lo más interesante de este ejercicio sea releer hoy aquella reflexión que
escribí en 2011, donde expresaba entonces que la ciudadanía debía defender
espacios de comunicación capaces de cuestionar al poder y por ello, quince años
después sigo creyendo exactamente lo mismo, pero ahora habría que agregar algo:
Los espacios de libertad de expresión no deben defenderse únicamente cuando
quien ejerce el poder piensa distinto de nosotros. La verdadera prueba
democrática comienza cuando el periodismo que admiramos cuestiona al gobierno
que nosotros apoyamos o también, cuando el gobierno que nosotros apoyamos
cuestiona a ese periodismo.
Defender
la libertad de expresión de Carmen Aristegui frente a Felipe Calderón era
relativamente sencillo para quienes éramos críticos de aquel gobierno. El
verdadero desafío intelectual consiste ahora en defender la libertad de
Aristegui para cuestionar a López Obrador y a Sheinbaum, al mismo tiempo que
conservamos el derecho a cuestionar críticamente a Aristegui.
Esa
es, probablemente, la esencia de una democracia madura.
Carmen
Aristegui representa, quizá más que cualquier otra periodista mexicana
contemporánea, una paradoja del tránsito político de México. Fue símbolo de
resistencia frente a gobiernos identificados con la derecha; después se
convirtió en una de las voces periodísticas más incómodas para el gobierno
identificado con la izquierda. Hoy mantiene una relación conflictiva con el
gobierno de Claudia Sheinbaum y vuelve a colocarse en el centro de una
discusión nacional sobre libertad de expresión.
¿Es
Carmen Aristegui una periodista de derecha? Me atrevería a decir que no existen
elementos suficientes para convertir esa afirmación en un hecho. ¿Existen indicios
para estudiar un desplazamiento del lugar político de Aristegui y de su
audiencia hacia posiciones cada vez más cercanas a sectores opositores y
conservadores? Considero que si y este hecho merece ser investigado con mucha
mayor profundidad.
Pero
quizá la conclusión más interesante sea otra. En 2011 yo escribía que México
necesitaba periodistas capaces de describir, investigar y divulgar aquello que
los gobiernos y los poderes fácticos preferían mantener oculto y, quince años
después, esa convicción permanece.
Ya
no basta con preguntarnos: ¿Quién censura a Carmen Aristegui? Ahora debemos
preguntarnos también: ¿Desde dónde habla Carmen Aristegui, qué voces tienen
espacio a su alrededor y qué intereses —políticos, económicos, ideológicos o
sociales— terminan ocupando el centro de la conversación pública?
Porque
defender la libertad de expresión no significa otorgarle a una periodista un
certificado permanente de superioridad moral. Significa defender su derecho a
hablar. Y, al mismo tiempo, nuestro derecho a escucharla, cuestionarla y
disentir de ella.
Ese
quizá sea el verdadero significado de la libertad de expresión en el México de
2026.
lunes, 10 de agosto de 2026
Nelson Mandela
El18 de julio, el mundo conmemora el Día Internacional de Nelson Mandela, una fecha que invita a recordar que la defensa de la dignidad humana requiere convicción, perseverancia y un profundo compromiso con la justicia. El legado de Mandela trasciende la lucha contra el apartheid: representa la construcción de sociedades libres de discriminación, el fortalecimiento de la democracia, el respeto a la soberanía de los pueblos y la convicción de que la reconciliación y la integración social son pilares indispensables para alcanzar una paz duradera.
En un contexto global marcado por nuevos desafíos para los derechos humanos, resulta oportuno reflexionar sobre el papel que desempeñan los Estados, las empresas y la sociedad en la promoción de la igualdad y la no discriminación. Por ello, comparto un análisis que realice para el programa Biografías de Película, del Canal 14, esperando contribuir al diálogo y a la reflexión sobre la vigencia del pensamiento de Nelson Mandela.
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