jueves, 17 de septiembre de 2026


Entre la memoria y el futuro: reflexiones ante la sucesión en el COPRED


La próxima renovación de la Presidencia del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) constituye, además de un proceso institucional, una oportunidad para volver la mirada sobre el camino recorrido y preguntarnos qué debe permanecer, qué necesita transformarse y qué nuevos desafíos tendrá que enfrentar esta institución.

La convocatoria para integrar la terna de personas que será presentada a la titular de la Jefatura de Gobierno forma parte ya de un proceso formal de la sucesión[1] de la actual presidenta, Geraldina González de la Vega Hernández, quien concluye su mandato el 14 de octubre de 2026.

En momentos como éste suele hablarse principalmente de perfiles, capacidades, experiencia y proyectos. Todos esos elementos son indispensables, sin embargo, existe otra dimensión que quizá merece mayor atención: la memoria institucional.

Una institución de derechos humanos no se construye únicamente a partir de una ley que le da existencia, de un organigrama o de las atribuciones que formalmente se le asignan. Se construye sobre todo con las personas que, durante años, han puesto su trabajo, conocimiento y convicciones al servicio de una causa; con los casos que obligan a desarrollar nuevas respuestas; con las alianzas que se establecen con la sociedad; con las políticas públicas que se diseñan y evalúan; y, sobre todo, con los aprendizajes que dejan los aciertos y las dificultades.

Mi acercamiento al COPRED pertenece precisamente a esa historia.

El 24 de febrero de 2011, con la publicación de la entonces Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el Consejo adquirió formalmente la naturaleza institucional con la que hoy lo conocemos y, correspondió al entonces Jefe de Gobierno licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, elegir a Jacqueline L´Hoist como la primera presidenta en reconocimiento a su experiencia y sensibilidad proveniente de las organizaciones ciudadanas en la Ciudad de México.  

Como primer acto “institucional”, Jacqueline tuvo la amabilidad de invitarme a iniciar la ruta de conformación de un COPRED que, hasta ese momento, existía únicamente en mandato legal, procediendo el nacimiento, diseño y construcción de una dependencia pública del Gobierno de la Ciudad de México.

Su primera Junta de Gobierno se instaló el 25 de noviembre de ese mismo año. La propia memoria con motivo de los diez años del COPRED[2] reconoce que sus primeros años estuvieron marcados por la necesidad de construir prácticamente todos los componentes de una institución nueva: atención ciudadana, identificación de prácticas discriminatorias, diseño y seguimiento de políticas públicas y promoción de una cultura de la no discriminación y ahora, ante la actual coyuntura 15 años después, puedo decir con mucho orgullo que tuve la oportunidad de formar parte de esa etapa entre 2011 y 2017.

Mirando ahora esos años a la distancia, creo que una de las características más importantes del COPRED de entonces era precisamente que se trataba de una institución en construcción, en donde había que definir procedimientos, generar capacidades, establecer vínculos con otras instituciones y, al mismo tiempo, explicar a la sociedad lo que significaba contar con un organismo especializado en prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México. No era una tarea menor. La discriminación podía reconocerse en el discurso público como una conducta injusta y socialmente reprochable, pero de ahí a convertir el principio de igualdad y no discriminación en una política pública, exigía algo mucho más complejo como identificar prácticas concretas, documentarlas, atender a quienes las padecían, dialogar con las instituciones responsables y construir mecanismos capaces de modificar esas prácticas[3].

Para ello, durante esos años tuve la oportunidad de crear y ser titular de la Dirección de Cultura por la No Discriminación, cuyo nombre expresaba, en cierta medida, una convicción que siempre he considerado como misión de vida: el combate a la discriminación no puede limitarse a reaccionar ante ella una vez que había ocurrido. Se necesita modificar las ideas, las prácticas y los comportamientos que la reproducen en todos los espacios de una sociedad, pero, sobre todo, reconocer que detrás de cada concepto jurídico existe una persona o comunidad que reclama el ejercicio digno de sus derechos humanos.

Uno de los asuntos que recuerdo a través de los registros de aquella época fue el caso de una joven trabajadora que denunció haber sido acosada y despedida después de informar que estaba embarazada. Su denuncia adquirió visibilidad a través de redes sociales y llegó al COPRED; el caso mostró con particular claridad cómo la discriminación podía aparecer en las relaciones laborales y afectar directamente el ejercicio de los derechos de las mujeres y, por ello, en 2015 se emitió el primer Informe Especial Despido por Embarazo. Discriminación[4].


Otro caso que permanece especialmente presente es el de un niño indígena en un colegio privado de la Ciudad de México. En febrero de 2014, el COPRED emitió una Opinión Jurídica relacionada con la discriminación que habría sufrido un menor indígena mazateco en el Colegio La Salle de Seglares. La investigación institucional incluyó un proceso de conciliación y concluyó con la emisión de una resolución en la que se acreditó la conducta discriminatoria, en la que se propuso, entre otros aspectos, medidas de sensibilización y capacitación para la comunidad escolar y el personal docente[5].

Ese tipo de asuntos mostraba algo fundamental: la discriminación rara vez se presenta de manera aislada y, con frecuencia se encuentra vinculada con relaciones de poder, prejuicios, desigualdad económica, género, origen étnico, condición social o pertenencia a determinados grupos.

Y también mostraba que la respuesta institucional debía ser multidimensional. No bastaba con decir que una conducta estaba mal. Había que documentarla, analizarla desde el marco jurídico, dialogar con las partes, buscar soluciones, construir medidas reivindicatorias y procurar que el caso contribuyera también a prevenir que situaciones semejantes volvieran a ocurrir y, asimilar que la atención de casos y la construcción de políticas públicas no eran tareas separadas.

Los casos permitían identificar patrones y los patrones podían convertirse en preguntas para la política pública. Ya no se trataba únicamente de una agenda de sensibilización. Era también una agenda de política pública, evaluación, coordinación institucional y rendición de cuentas.

Un ejemplo especialmente significativo fue la construcción del Instituto Nelson Mandela de la Ciudad de México[6], para lo cual, en 2014, el COPRED y la Embajada de Sudáfrica suscribimos el Código de Conducta para autorizar el uso del nombre de Nelson Mandela y conformar un espacio para la educación, capacitación y profesionalización en derechos humanos, igualdad y no discriminación dirigida tanto a personas servidoras públicas como a la ciudadanía⁴, en donde se sintetizaba la idea de que la prevención exige conocimiento, formación y capacidad para convertir los principios en prácticas cotidianas.

La misma lógica estuvo presente en “Octubre, mes del Trato Igualitario”. A partir de 2013, el 18 de octubre fue declarado Día del Trato Igualitario en la Ciudad de México y se impulsó una estrategia coordinada con distintas dependencias para llevar el principio de no discriminación al conjunto de la administración y al espacio público. En 2014 la campaña se amplió a las 16 demarcaciones y a numerosas instituciones, bajo una formulación positiva: rechazar la discriminación y convocar a la mayor cantidad de actores sociales a construir una cultura de trato igualitario[7], como parte de una expresión anual en el espacio público y privado de la CDMX.

Es decir, comenzaba a construirse la idea de que prevenir y eliminar la discriminación debía formar parte de la manera en que el gobierno diseñaba e implementaba sus políticas y la agenda del COPRED también se ampliaba hacia sectores sociales históricamente discriminados como la diversidad sexual, los pueblos indígenas, las poblaciones callejeras, las mujeres, las personas jóvenes y otros grupos fueron colocando nuevos desafíos sobre la mesa.

Otro ámbito cuyas raíces dieron inicio en aquellas épocas, fue el trabajo con el sector privado. Desde el COPRED impulsamos, en colaboración con la Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral (ADIL), los primeros tres Foros de Buenas Prácticas Empresariales, realizados en 2014, 2015 y 2016. Aquellos encuentros fueron mucho más que ejercicios de sensibilización, permitieron acercar al Consejo a empresas que ya desarrollaban políticas de inclusión, reconocer experiencias concretas y generar un diálogo sobre la responsabilidad del sector privado en la construcción de espacios laborales libres de discriminación. El primer foro puso especial atención en la inclusión laboral de las personas LGBTTTI; el segundo comenzó a incorporar evidencia sobre los efectos de estas políticas en el bienestar y desempeño de las personas trabajadoras; y el tercero, bajo el concepto de “La Política de Inclusión Laboral como Retorno de Inversión”[8], amplió la discusión hacia mujeres, personas con discapacidad, diversidad sexual y personas jóvenes y mayores.


Estos esfuerzos contribuyeron a consolidar el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario y dejaron una premisa que hoy me parece todavía vigente: la igualdad y la no discriminación no son solamente obligaciones jurídicas, sino también condiciones para construir mejores espacios de trabajo y relaciones más responsables entre empresas y sociedad.


En 2014, por ejemplo, participamos en actividades públicas relacionadas con la transfobia y el bullying homofóbico, en un momento en que la discusión sobre diversidad sexual y reconocimiento de derechos estaba adquiriendo una creciente presencia en el espacio público y en donde la dimensión internacional también formó parte de esa etapa, consolidando en 2017, conformar una iniciativa y metodología de creación de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris[9], con la participación ciudades internacionales que mostraban experiencias locales y una política de igualdad y no discriminación como en un espacio de cooperación entre gobiernos.

Hoy, al aproximarse una nueva sucesión en la Presidencia del COPRED, vale la pena recuperar aquella historia, no por nostalgia, ni tampoco para idealizar un periodo determinado. Mucho menos para afirmar que todo lo que se hizo entonces fue correcto o suficiente.

La memoria institucional sirve para algo distinto: permite reconocer de dónde vienen las herramientas que hoy parecen naturales, identificar las dificultades que hubo que superar para crearlas y comprender que toda institución es resultado de un proceso colectivo y esto es, especialmente importante en el campo de los derechos humanos.

Cada generación institucional recibe avances construidos por quienes estuvieron antes, pero también recibe problemas que quedaron pendientes. Por eso, la sucesión no debería entenderse solamente como un cambio de persona titular. Debe ser, también, una oportunidad para revisar el proyecto institucional.

¿Qué debe conservar el COPRED?

Sin duda, su capacidad para escuchar a las personas y atender situaciones concretas de discriminación. Su vocación de incidencia pública. Su capacidad para trabajar con organizaciones sociales, academia, instituciones públicas y sectores privados. Y, sobre todo, su posibilidad de hacer visible aquello que muchas veces permanece normalizado.

Como toda institución, necesita seguir transformándose porque las formas de discriminación cambian y los espacios donde se producen también. La discriminación contemporánea aparece en ámbitos tradicionales, pero también en entornos digitales, en los mercados laborales, en los servicios, en las escuelas, en los espacios urbanos y en nuevas formas de interacción social. Las desigualdades económicas y sociales pueden profundizar sus efectos y generar formas cada vez más complejas de exclusión y, por ello, una institución como el COPRED no puede limitarse a preservar lo que ya ha construido.

Por eso, ante la próxima sucesión en el COPRED, quizá la pregunta más importante no sea solamente quién encabezará el Consejo durante los próximos años. La pregunta es qué institución queremos que reciba esa nueva conducción. Hoy corresponde a nuevas generaciones continuar esa tarea y cada sucesión debería ser vista como una oportunidad para preguntarnos cuánto de aquella construcción inicial permanece, qué se ha aprendido en el camino y qué debemos ser capaces de construir ahora.

Porque una cosa debe quedar clara, la lucha contra la discriminación no concluye cuando una institución alcanza la madurez. Comienza, precisamente, cuando tiene la capacidad de reconocerse a sí misma, revisar su camino y jamás olvidar colocar los derechos de las personas y de las poblaciones en el centro.

 



[1] Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 7 de agosto de 2026, mecanismo participativo para integrar la terna; información pública sobre la renovación de la Presidencia.

[3] Diario Rotativo. 9 de diciembre de 2013. Disponible en Consideran en DF que erradicar discriminación es asunto de actitud | Rotativo.

miércoles, 9 de septiembre de 2026

 

Una mirada desde América Latina a la Unión Europea y

su particular enfoque de los Derechos Humanos.


https://eurolatinstudies.com/en/post_135/ 

Hace algunos años tuve la oportunidad de publicar una reflexión en el Observatorio de Estudios Europeos, del Latin American Center of European Studies, en torno a una cuestión que considero sigue siendo profundamente vigente: el enfoque eurocéntrico de los derechos humanos y su proyección hacia otras regiones del mundo, particularmente América Latina.


La construcción contemporánea de los derechos humanos ha significado, sin duda, uno de los mayores avances de la humanidad. Sin embargo, también resulta necesario preguntarnos desde dónde se construyen sus categorías, quién define sus contenidos y bajo qué realidades históricas, sociales y culturales pretenden aplicarse.

En América Latina, esta reflexión adquiere una especial relevancia. Como nos invitaba a pensar el distinguido filósofo Enrique Dussel, necesitamos avanzar hacia una mirada crítica y descolonizadora, capaz de reconocer nuestras propias realidades, experiencias históricas y formas de comprender la dignidad humana.



No se trata de negar las aportaciones de Europa a la construcción del pensamiento sobre los derechos humanos, sino de superar cualquier pretensión de que exista una única manera de comprenderlos y realizarlos.


Hoy, desde nuestra región, el desafío sigue siendo construir derechos humanos universales, pero no uniformes; universales, pero sensibles a las historias, desigualdades y realidades concretas de nuestros pueblos.


SE INVITA A LEER EL ARTÍCULO COMPLETO EN: 

https://eurolatinstudies.com/en/post_135/


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