¿Qué
pasó con Carmen Aristegui?
En
aquel texto afirmaba que su trabajo periodístico resultaba incómodo para la
clase política y los poderes fácticos, y sostenía que la defensa de Aristegui
debía entenderse también como una defensa del derecho humano a estar informado.
Frente a un sistema mediático que consideraba profundamente concentrado y poco
plural, veía en ella una de las voces que todavía podían investigar, cuestionar
y confrontar al poder.
Han
pasado quince años y nuestro país atravesó la conclusión del ciclo político
encabezado por el PRI y el PAN, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la
Presidencia, la consolidación de Morena, la elección de Claudia Sheinbaum y una
transformación profunda de las relaciones entre gobierno, medios de
comunicación, redes sociales y audiencias, sin embargo, en ese proceso ocurrió
algo que merece ser examinado con cuidado: Carmen Aristegui, una periodista que
durante buena parte de su trayectoria fue identificada por sectores
progresistas como una voz crítica frente a los gobiernos de derecha, terminó
ocupando un lugar central entre las voces críticas de la llamada Cuarta
Transformación.
La
pregunta, entonces, no debería formularse de manera simplista: ¿Carmen
Aristegui se volvió de derecha o conservadora?
La
pregunta más interesante es otra: ¿La posición editorial y el ecosistema
político-informativo alrededor de Aristegui han experimentado un desplazamiento
hacia posiciones que hoy coinciden, objetiva o discursivamente, con sectores
liberales, conservadores y opositores a la 4T?
La
Carmen Aristegui antes de la 4T era, para muchos de sus seguidores, el ejemplo
de una periodista cuyo principal valor consistía precisamente en incomodar al
gobierno. Mi propio texto de entonces reflejaba una concepción política
bastante clara: PRI y PAN representaban el continuismo neoliberal; el PRD había
sido incapaz de construir una izquierda sólida; los grandes medios funcionaban
como poderes fácticos y la ciudadanía necesitaba organizarse para defender su
derecho a la información.
No
era, por tanto, un texto políticamente neutral. Era una defensa de Aristegui
desde una determinada concepción democrática y progresista de los medios de
comunicación.
Por
eso la evolución posterior resulta tan interesante. Cuando López Obrador llegó
a la Presidencia en 2018, Aristegui no se convirtió en una periodista
oficialista. Tampoco tenía por qué hacerlo. Su trabajo consistía, precisamente,
en mantener distancia frente al poder, pero la distancia frente al nuevo
gobierno adquirió características cada vez más visibles.
El
punto de quiebre simbólico llegó en febrero de 2022, cuando López Obrador
afirmó públicamente que Aristegui estaba “alineada al bloque conservador”.
Aristegui respondió que el propósito de su medio era informar y que no estaba
“ni a favor ni en contra” del gobierno.
Aquí
aparece una primera paradoja. La periodista que en 2011 representaba para
algunos de nosotros una voz enfrentada al poder ahora era señalada por el nuevo
poder como integrante del bloque conservador, sin embargo, esa paradoja no
demuestra por sí misma que Aristegui se haya convertido en conservadora. Lo que
demuestra, al menos inicialmente, es que cambió la naturaleza del poder al que
Aristegui estaba confrontando. Y quizá también cambió el ecosistema político
desde el cual esa confrontación era interpretada.
El
episodio de la llamada “Casa Gris” constituye uno de los momentos decisivos
cuando en enero y febrero de 2022 se difundieron investigaciones sobre la
residencia ocupada en Houston por José Ramón López Beltrán, hijo del entonces
presidente, y la relación del inmueble con Baker Hughes, empresa que tenía
contratos con Pemex, lo cual generó una intensa discusión pública sobre
posibles conflictos de interés y, desde su canal Aristegui Noticias, se dio
amplia cobertura al caso y continuó publicando información sobre los contratos
y sus vínculos con Pemex.
Aquí conviene detenerse.
La
publicación de una investigación sobre un familiar del presidente no convierte
automáticamente al periodista en opositor político, del mismo modo que
investigar al presidente Enrique Peña Nieto no convirtió automáticamente a
Aristegui en militante partidista. De hecho, sería peligroso aceptar esa
lógica. El periodismo democrático tiene precisamente la función de investigar
al poder con independencia de la ideología del gobierno.
Pero
existe otra cuestión que sí merece ser estudiada: ¿Se fue modificando el
universo político de referencias, interlocutores y audiencias de Aristegui en
la medida en que la oposición a la 4T se convirtió en el principal punto de
coincidencia entre sectores muy diversos de la sociedad mexicana?
Ahí
empieza el verdadero problema.
Criticar
a López Obrador no convierte a nadie en conservador. Criticar a Sheinbaum
tampoco. Una democracia saludable necesita periodistas capaces de cuestionar
tanto a gobiernos de izquierda como de derecha. El problema aparece cuando la
crítica periodística deja de ser simplemente transversal al poder y comienza a
coincidir sistemáticamente con los marcos interpretativos predominantes de un
sector político determinado.
Uno
de los casos más interesantes ocurrió durante la discusión de la reforma
judicial de 2024, cuando Aristegui reconoció que las deficiencias del Poder
Judicial eran reales y que una reforma era necesaria. Sin embargo, cuestionó
frontalmente la propuesta del gobierno y en su programa sostuvo que la reforma
tenía “tintes de venganza”, respaldando la posición de estudiantes que
reclamaban “Reforma sí, pero no así”.
Nuevamente,
eso no prueba conservadurismo. De hecho, se puede ser profundamente progresista
y estar en contra de una reforma judicial impulsada por un gobierno
progresista. Lo que sí resulta políticamente relevante, es observar el patrón editorial en donde la crítica al gobierno dejó de ser un episodio ocasional,
para convertirse en un de eje permanente del espacio informativo y, ante ello, la
crítica procedente de sectores de izquierda dentro del propio espacio de
Aristegui comenzó a generar preguntas sobre la orientación editorial del
programa.
Esto
es importante no porque la salida de un colaborador demuestre por sí misma una
transformación ideológica del medio -no la demuestra-, pero sí plantea una
pregunta legítima sobre la transformación de la audiencia y del ecosistema
político del programa. Durante años, la presencia de Meyer y otros analistas
contribuyó a construir un espacio de discusión que podía ser crítico del poder
desde perspectivas distintas. La reducción de esas voces, o su menor presencia,
adquiere relevancia porque modifica el rango de posiciones que el público
recibe.
Y
aquí viene lo interesante, si la audiencia cambia, también cambia el medio, no
necesariamente porque su conductora haya cambiado de ideología, sino porque el
mercado político de las opiniones cambia, por tanto, una audiencia que hasta
2018 encontraba en Aristegui una voz de crítica frente al PRI y al PAN podía
comenzar, durante la década siguiente, a buscarla precisamente por su crítica a
Morena.
En
ese proceso, una misma periodista puede conservar una identidad fundamental —la
de periodista crítica— mientras cambia radicalmente la posición política que
ocupa dentro del sistema.
Conviene hacer una pausa antes de caer en una conclusión apresurada. La
etiqueta “conservadora” tiene una carga política demasiado fuerte como para
utilizarla simplemente como sinónimo de “crítica de López Obrador”. Incluso, no
podemos dejar de reconocer que Aristegui continúa abordando asuntos
relacionados con derechos humanos, corrupción, violencia, justicia, igualdad,
abusos de poder y otros problemas sociales desde perspectivas que difícilmente
pueden reducirse a una agenda partidista y, por eso, sería intelectualmente
pobre concluir: “Aristegui critica a Morena, por lo tanto es de derecha o
conservadora”.
Ese
razonamiento reproduce exactamente la lógica que criticábamos cuando el
gobierno de López Obrador sugería que cualquier periodista crítico formaba
parte del “bloque conservador”. Un gobierno no tiene derecho a determinar
ideológicamente quién puede ser considerado periodista independiente.
Pero
existe también una conclusión incómoda para la propia Aristegui. La
independencia periodística no consiste únicamente en afirmar que se es
independiente. También implica preguntarse desde dónde se habla, quiénes tienen
acceso al micrófono, qué voces predominan, qué marcos explicativos se repiten y
quién termina beneficiándose de la selección temática.
Ahí
es donde la discusión se vuelve mucho más interesante. La situación de la
libertad de expresión en México tampoco permite reducir todo el debate a una
confrontación entre Aristegui y Morena, porque en nuestro país, continúa
siendo sumamente peligroso para ejercer el periodismo, como refieren
organizaciones no gubernamentales como Reporteros Sin Fronteras, quien coloca a
México en el lugar 122 de 180 países en su clasificación mundial de libertad de
prensa de 2026 y advierte que el país sigue siendo uno de los lugares más
peligrosos y mortíferos del mundo para periodistas.
El
diagnóstico también muestra algo particularmente importante: el problema no es
únicamente político. Existe una concentración mediática muy elevada, mientras
que las amenazas procedentes del crimen organizado y la connivencia de
autoridades locales constituyen uno de los principales riesgos para la prensa.
Por
eso resulta insuficiente afirmar que la libertad de expresión mexicana se
encuentra amenazada exclusivamente por el gobierno federal. Y sería igualmente
incorrecto afirmar que el gobierno no enfrenta ninguna responsabilidad. La
propia realidad mexicana contradice ambas simplificaciones.
Por
otro lado, con la Presidenta Claudia Sheinbaum la relación con Aristegui ha
adquirido una dimensión particularmente interesante. En agosto de 2026, la
discusión en torno a los llamados “ecosistemas de amplificación” llevó
nuevamente a un enfrentamiento público.
Sheinbaum rechazó que el gobierno hubiera elaborado una “lista” de periodistas para censurarlos y sostuvo que los señalamientos gubernamentales se referían al funcionamiento de redes digitales y campañas de amplificación. Al mismo tiempo, defendió la existencia de espacios institucionales para que el gobierno pudiera ejercer el derecho de réplica.
En la misma conferencia, la presidenta mencionó directamente a Carmen Aristegui y sostuvo que el hecho de que pudiera criticar al gobierno demostraba que existía libertad de expresión y en respuesta, Aristegui señaló que ella no había comparado personalmente a Sheinbaum con Hitler o Stalin, sino que su crítica se refería a la exhibición de nombres de periodistas y medios dentro de aquella presentación gubernamental.
Y
aquí aparece una paradoja extraordinariamente poderosa para comprender el
México actual, la periodista que en 2011 defendíamos porque había sido víctima
de la relación entre poder político y medios vuelve a protagonizar, quince años
después, una disputa pública con el poder precisamente en torno a los límites
de la libertad de expresión.
El
escenario ha cambiado. Los actores han cambiado. Pero el problema de fondo
permanece.
Existe
una interpretación alternativa que merece ser tomada muy en serio.
Tal
vez Carmen Aristegui no se desplazó sustancialmente hacia la derecha. Tal vez
México se desplazó hacia la izquierda y, al hacerlo, modificó la ubicación
política de Aristegui dentro del espacio público.
En
2011, cuestionar al gobierno de Felipe Calderón desde una perspectiva de
derechos humanos y de crítica a los poderes económicos podía colocar a un
periodista cerca de sectores progresistas, sin embargo, en 2025 o 2026,
cuestionar una reforma promovida por Morena, denunciar posibles excesos del
Ejecutivo o defender al Poder Judicial puede producir el efecto contrario:
situar a ese mismo periodista, al menos discursivamente, junto a sectores
conservadores y liberales. Tal vez, la periodista no necesariamente cambió,
sino lo que se movió fue el punto desde el cual observamos su posición.
Pero existe una segunda posibilidad. Quizá ambas cosas son ciertas. Quizá Aristegui sigue conservando rasgos fundamentales de la periodista crítica e independiente que conocimos durante décadas, pero al mismo tiempo su espacio mediático ha ido adquiriendo una mayor proximidad temática, discursiva o sociológica con segmentos de la oposición política mexicana. Estas dos hipótesis no son incompatibles. Y ahí está, a mi juicio, la verdadera discusión.
Sería
absurdo exigir a Carmen Aristegui que conserve una posición política
determinada simplemente porque en anteriormente algunos sectores progresistas
la consideraban una periodista cercana a sus causas. La independencia no
consiste en ser progresista. Tampoco consiste en ser antiobradorista. Consiste
en mantener una distancia crítica frente a cualquier forma de poder y por ello,
el verdadero parámetro entorno al micrófono de Aristegui no debería ser si sus
opiniones coinciden hoy con la izquierda, con la derecha, con Morena, con el
PAN o con cualquier otro actor.
La
pregunta debería ser mucho más exigente: ¿Mantiene el mismo estándar crítico
frente a todos los poderes? ¿Investiga con la misma intensidad al gobierno y a
la oposición? ¿Cuestiona de igual manera a Morena y a sus adversarios? ¿Da la
misma importancia a los abusos empresariales que a los abusos gubernamentales?
¿Examina con igual severidad las narrativas provenientes del poder económico,
del poder político y del poder mediático? ¿Su selección de invitados representa
realmente pluralidad? ¿La opinión ocupa un espacio claramente diferenciable de
la información?
Quizá
lo más interesante de este ejercicio sea releer hoy aquella reflexión que
escribí en 2011, donde expresaba entonces que la ciudadanía debía defender
espacios de comunicación capaces de cuestionar al poder y por ello, quince años
después sigo creyendo exactamente lo mismo, pero ahora habría que agregar algo:
Los espacios de libertad de expresión no deben defenderse únicamente cuando
quien ejerce el poder piensa distinto de nosotros. La verdadera prueba
democrática comienza cuando el periodismo que admiramos cuestiona al gobierno
que nosotros apoyamos o también, cuando el gobierno que nosotros apoyamos
cuestiona a ese periodismo.
Defender
la libertad de expresión de Carmen Aristegui frente a Felipe Calderón era
relativamente sencillo para quienes éramos críticos de aquel gobierno. El
verdadero desafío intelectual consiste ahora en defender la libertad de
Aristegui para cuestionar a López Obrador y a Sheinbaum, al mismo tiempo que
conservamos el derecho a cuestionar críticamente a Aristegui.
Esa
es, probablemente, la esencia de una democracia madura.
Carmen
Aristegui representa, quizá más que cualquier otra periodista mexicana
contemporánea, una paradoja del tránsito político de México. Fue símbolo de
resistencia frente a gobiernos identificados con la derecha; después se
convirtió en una de las voces periodísticas más incómodas para el gobierno
identificado con la izquierda. Hoy mantiene una relación conflictiva con el
gobierno de Claudia Sheinbaum y vuelve a colocarse en el centro de una
discusión nacional sobre libertad de expresión.
¿Es
Carmen Aristegui una periodista de derecha? Me atrevería a decir que no existen
elementos suficientes para convertir esa afirmación en un hecho. ¿Existen indicios
para estudiar un desplazamiento del lugar político de Aristegui y de su
audiencia hacia posiciones cada vez más cercanas a sectores opositores y
conservadores? Considero que si y este hecho merece ser investigado con mucha
mayor profundidad.
Pero
quizá la conclusión más interesante sea otra. En 2011 yo escribía que México
necesitaba periodistas capaces de describir, investigar y divulgar aquello que
los gobiernos y los poderes fácticos preferían mantener oculto y, quince años
después, esa convicción permanece.
Ya
no basta con preguntarnos: ¿Quién censura a Carmen Aristegui? Ahora debemos
preguntarnos también: ¿Desde dónde habla Carmen Aristegui, qué voces tienen
espacio a su alrededor y qué intereses —políticos, económicos, ideológicos o
sociales— terminan ocupando el centro de la conversación pública?
Porque
defender la libertad de expresión no significa otorgarle a una periodista un
certificado permanente de superioridad moral. Significa defender su derecho a
hablar. Y, al mismo tiempo, nuestro derecho a escucharla, cuestionarla y
disentir de ella.
Ese
quizá sea el verdadero significado de la libertad de expresión en el México de
2026.