El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, expresó su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo y determinó establecer el 30 de agosto, como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas preocupación a la que sin duda, nuestro país abonó por las condiciones de inseguridad y violencia generalizada que han llevado en vastas zonas de la República Mexicana, a la ejecución de más de 80 mil personas y a la desaparición forzada, sin contar con información precisa, de un aproximado de 20 mil personas.
Para la gente que tenemos como profesión la defensa de los derechos humanos, preguntas como ¿cuántas son?, ¿quienes son y porqué no están?, ¿qué han hecho las autoridades para esclarecer estas desapariciones forzadas? ¿Cual ha sido la atención proporcionada a las familias de las personas desaparecidas?, han sido repetidas, exigidas y litigadas hasta el cansancio ante todas las autoridades “competentes” para que respondan con el esclarecimiento de estas desapariciones forzadas, homicidios y feminicidos generalizados.
En 2011, a raíz del surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezado por el poeta Javier Sicilia, la sociedad pudo escuchar el grito desesperado de miles y miles de personas exigiendo justicia por sus muertos, por conocer el paradero de sus seres queridos desaparecidos por la delincuencia organizada, pero también en múltiples casos, por las propias fuerzas armadas y del orden público. En aquellos meses, como un miembro más de la sociedad, tuve la oportunidad de sumarme a la indignación de las voces que exigían a las autoridades federales y estatales, el cese a la estrategia fallida de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón.
Como integrante del Movimiento durante el año 2011, caminé junto a Javier Sicilia y cientos de víctimas en algunas etapas de las caravanas que emprendieron al norte y sur del país, donde fui testigo del desgarrador dolor e impotencia que viven todos los días y noches, los familiares de las víctimas de la violencia y de violaciones a sus derechos humanos. Asistí a múltiples reuniones con las autoridades federales como la PGR, Províctima, Secretaría de Gobernación, la SEDENA e incluso Presidencia de la República sin haber logrado encontrar siquiera a una de las personas desaparecidas. Igualmente, acompañé representaciones del Movimiento ante gobiernos estatales como el de Nuevo León, Estado que ahora es tristemente reconocido por el hedor de la muerte de sus municipios y de su capital Monterrey, donde por supuesto, tampoco hubo resultados satisfactorios.
Ante estos hechos tan graves, pienso que a nuestra sociedad mexicana le hace falta reconocer un hecho. Somos una sociedad altamente discriminadora que hasta en estos niveles de emergencia nacional, consideramos que la gente muerta y/o desaparecida, se encuentra en esa situación por su “probable relación con la delincuencia”, es decir, caemos en la fácil estigmatización de la criminalización hacia estos sectores sociales que por lo general, son los menos favorecidos económicamente. Cuanta insensibilidad y discriminación social representa la frase “déjenlos que se maten entre ellos”.
Nuestra falta de solidaridad y de indignación por la ola de muerte y de desapariciones forzadas que invade al país, evidencia también la discriminación proveniente de las autoridades responsables de investigar y hacer justicia, quienes tratan con desdén y menosprecio a las familias que acuden a pedir información y apoyo estatal para ubicar a su familiar desaparecido. Ahora, con la publicación de la Ley General de Víctimas, la sociedad encuentra una nueva oportunidad de encontrar certeza en las investigaciones de búsqueda de sus desaparecidos, así como el obligado apoyo que tendrán que dar las diferentes instancias de todos los niveles de gobierno.
Citando al Maestro Emilio Álvarez Icaza, pieza clave en su momento del MPJD y ahora Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las autoridades del país deben ser las primeras en encabezar la indignación ante la violencia y las violaciones a los derechos humanos, así como para proponer estrategias encaminadas a recomponer el fragmentado tejido social.
Como ciudadanos y ciudadanas, nos corresponde exigir y vigilar el aterrizaje y puesta en práctica de la Ley General de Víctimas y dar seguimiento a las siguientes acciones:
- Creación del Sistema Nacional de Víctimas, que establecerá y supervisará los programas y las acciones para apoyar a las víctimas en los tres niveles de gobierno.
- Conformación de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, como órgano vigilante y de control de la ley, en donde tendrán participación representantes de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil.
- Conformación de un órgano de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, dependiente de la Comisión Ejecutiva, a efecto de que las personas afectadas cuenten con representación legal ante las instancias competentes.
- Creación del Registro Nacional de Víctimas, con el objeto de facilitar el acceso a la ayuda contemplada en la ley.
- Conformación de un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, como responsable de proporcionar los recursos necesarios en apoyo a las víctimas.
Sin duda hay mucho trecho por recorrer, el día de hoy, la periodista San Juana Martínez publicó en el diario La Jornada, el calvario que han sufrido 21 familias del Municipio de San de la Paz, Guanajuato, víctimas de la desaparición de 21 hombres que se dirigían en marzo de 2011, hacia los Estados Unidos para trabajar que y que tuvieron la desgracia de cruzar su camino por San Fernando Tamaulipas donde fueron vistos por última vez y en donde se encontró en abril de ese año, 193 cadáveres en una fosa clandestina.
Hasta hoy, estas víctimas siguen sin recibir justicia y sin ser escuchadas y atendidas por las autoridades municipales, estatales y federales. Por ello, urge en México que la sociedad civil organizada demande al Estado el cumplimiento y aplicación de esta importante ley, porque de lo contrario, muy pronto todos estos casos podrán caer en el olvido y junto con ello, la esperanza de miles de familias en el país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario