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| Marisela Escobedo |
Se cierra un año más en la vida nacional y el espectro de la violencia sigue tan firme como inició este 2010. La noche del 16 de diciembre asesinaron a la señora Marisela Escobedo, madre de Rubí Frayre, quien a su vez también fue asesinada y calcinada en el 2008 a la edad de 16 años por su pareja sentimental Sergio Rafael Barraza Bocanegra en Ciudad Juárez, una víctima más de los miles de feminicidios que se han cometido en nuestro país.
La lucha de Marisela Escobedo por conseguir justicia para su hija tocó los fondos más oscuros del aparato de justicia nacional. Por la vía de los hechos se convirtió en víctima y en activista social al vivir en carne propia la injusticia imperante en México. Por clamar justicia a las autoridades encontró la muerte a las puertas del mismo Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua y ahora, escuchar a esas “autoridades” manifestar su frustración e indignación por este cobarde asesinato, resulta insultante para ciudadanos y ciudadanas que día a día observamos la forma del quehacer de la política y gobierno de los tres “grandes” partidos que encabezan a los Estados y a la Federación en la República mexicana.
Frente a homicidios como el de Rubí Frayre y Marisela Escobedo, la pregunta que flota en el aire es ¿ante quién acudir para recibir justicia y lograr la paz? A mi parecer, el sistema judicial en México está saturado de tecnicismos y una ideología extremadamente positivista que ocasiona que en la revisión de los casos, jueces de primera instancia, de distrito, tribunales colegiados y unitarios e incluso hasta en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hagan a un lado preceptos básicos de investigación, de interpretación de la ley, de aplicación de la justicia y acercamiento con la sociedad a la luz de una filosofía iushumanista.
Ejemplo de lo anterior lo encontramos ahora en la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, en la cuál, entre otros aspectos, se retiró la facultad que el artículo 97 de la Constitución, otorgaba a la SCJN para investigar hechos graves que violentaran las garantías individuales o mejor dicho, los derechos humanos. De ahora en adelante, será únicamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como organismo autónomo, la instancia facultada para investigar este tipo de actos violatorios. Esta reforma constitucional podría parecer del todo lógica, sin embargo, desde un punto de vista de pesos y contrapesos, las y los mexicanos en realidad estamos viendo reducida las instancias ante las cuáles podríamos acudir para pedir apoyo en caso de enfrentarse al poderío del aparato estatal.
El espíritu de la división de poderes es precisamente guardar un equilibrio entre las entidades encargadas de dirigir los destinos de un país. El sistema de pesos y contrapesos en cualquier democracia resulta necesario para garantizar que ante el abuso u omisión de alguno de los poderes, los otros dos puedan estar facultados para vigilar, corregir y evitar la repetición de acciones que vulneren la soberanía del pueblo.
Lo que debió haber ocurrido en este apartado de la reforma constitucional, era reglamentar las facultades conferidas a la SCJN en el artículo 97 ya no sólo para investigar y pronunciarse, sino para iniciar también de oficio acciones penales, civiles, administrativas que desembocaran en actos de sanción, reparación del daño, garantía de no repetición y justicia para las víctimas. La apuesta de que la SCJN tuviera facultades de investigación en casos graves y relevantes, era la calidad moral y conocimiento técnico jurídico de sus integrantes para emitir un claro posicionamiento respecto a las violaciones que se pudieran haber cometido, sin embargo, la misma Suprema Corte optó por deshacerse de estas atribuciones por propia conveniencia y comodidad ante la opinión pública.
Preocupante es ver que el sistema de pesos y contrapesos se va diluyendo precipitadamente en nuestro país, en donde el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo parecen actuar en complicidad y con la pura intención de repartirse las cuotas de presupuesto y poder de gobierno sin importar siquiera escuchar las necesidades ciudadanas. Alarmante es que incluso organismos autónomos del Estado como el Instituto Federal Electoral (IFE) o la CNDH sean rehenes de los interese partidistas y que su actuar se encuentre cada vez más alejado de la ciudadanía.
Caso concreto de ello, es la agenda pendiente para 2011. Al no poderse repartir las cuotas de consejeros electorales, el Congreso de la Unión pospuso hasta febrero la discusión y nombramiento de las tres personas que deberán integrarse al IFE, evidenciando así el juego de componendas entre PAN, PRI y PRD para velar únicamente por sus intereses sin importar el sentir ciudadano. Para la incipiente democracia mexicana, una determinación que incline la operación del IFE a favor de alguno de los grandes partidos –léase PRI – sin duda dará al traste con la confiabilidad de las elecciones presidenciales de 2012 y con ello, el sistema de pesos y contrapesos carecerá de sentido alguno en caso de haber sospecha de fraude como ocurrió en el año 2006.
Las elecciones para nombrar Gobernador en el Estado de México en julio de 2011, serán el termómetro que definirá la ruta que seguirá la contienda electoral para renovar la Presidencia de República en 2012. Enrique Peña Nieto luce como el fuerte candidato a imponerse en esta carrera y por ello su capital político-económico estará centrado en refrendar la gubernatura para su partido y así demostrar que tiene el tamaño para erguirse como candidato del PRI a la Presidencia. Por otro lado PAN y PRD parece que en esta ocasión no saldrán bien librados y una candidatura en coalición luce a esta altura como improbable. De nueva cuenta los pesos y contrapesos han dejado de surtir efectos en la carrera presidencial, el PRI junto con Televisa y TV Azteca se han encargado de cargar los dados a su favor y con ello, la participación ciudadana en materia electoral carecerá de respaldo al momento de hacer escuchar su voz ante las instancias electorales.
En materia de seguridad pública, las ejecuciones relacionadas con la guerra contra el narcotráfico superan ya las 11,041 personas muertas (1). Los números lucen desoladores y para 2011 no se prevé que disminuyan los índices de violencia. Desde mi perspectiva, el Gobierno Calderonista pretende jugar con el sentido común de ciudadanos y ciudadanas al expresar que “es entre los mismos delincuentes que se están matando”, evitando así responder a la pregunta de ¿porqué miles y miles de jóvenes y jovencitas en lugar de estar estudiando o con una fuente de empleo que les permita formar un plan de vida digno, han optado por integrarse a las filas del crimen organizado? La respuesta es clara, porque hoy en día en México esas oportunidades para ese sector de “ninis” (ni estudia, ni trabaja) no están en su horizonte de acceso.
2010 fue un año de luto en la vida nacional de miles de familias que se vieron orilladas a interactuar con el crimen organizado por la falta de respuesta del Gobierno Federal y muchos de los gobiernos estatales. ¿Cuántas familias no pasarán estas navidades recordando a sus miembros caídos en la lucha contra el narcotráfico? ¿Cuántos de ellas se preguntarán si el Estado mexicano tiene alguna responsabilidad por ello? O peor aún ¿Cuántas de ellas tomarán la decisión de dejar de creer en las instituciones por la falta de pesos y contrapesos reales que impulsen verdaderamente un equilibrio armónico nacional?
En este fin de año, mis pensamientos estarán con todas estas familias mexicanas y extranjeras que han visto perdido a uno o más de sus seres queridos en una “lucha” estéril contra el narcotráfico.
2011 deberá ser un año en el cual, la sociedad civil organizada pueda jugar un papel clave y activo en la conformación del nuevo panorama político que se avizora para el próximo sexenio, impulsando por medio de la participación ciudadana, la creación de cimientos sólidos para la reconstrucción de un nuevo sistema de pesos y contrapesos que equilibre armónicamente el quehacer de la vida nacional en los años venideros.
[1] Fuente: Diario Reforma de fecha 17 de diciembre de 2010. http://www.reforma.com/nacional/
La lucha de Marisela Escobedo por conseguir justicia para su hija tocó los fondos más oscuros del aparato de justicia nacional. Por la vía de los hechos se convirtió en víctima y en activista social al vivir en carne propia la injusticia imperante en México. Por clamar justicia a las autoridades encontró la muerte a las puertas del mismo Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua y ahora, escuchar a esas “autoridades” manifestar su frustración e indignación por este cobarde asesinato, resulta insultante para ciudadanos y ciudadanas que día a día observamos la forma del quehacer de la política y gobierno de los tres “grandes” partidos que encabezan a los Estados y a la Federación en la República mexicana.
Frente a homicidios como el de Rubí Frayre y Marisela Escobedo, la pregunta que flota en el aire es ¿ante quién acudir para recibir justicia y lograr la paz? A mi parecer, el sistema judicial en México está saturado de tecnicismos y una ideología extremadamente positivista que ocasiona que en la revisión de los casos, jueces de primera instancia, de distrito, tribunales colegiados y unitarios e incluso hasta en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hagan a un lado preceptos básicos de investigación, de interpretación de la ley, de aplicación de la justicia y acercamiento con la sociedad a la luz de una filosofía iushumanista.
Ejemplo de lo anterior lo encontramos ahora en la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, en la cuál, entre otros aspectos, se retiró la facultad que el artículo 97 de la Constitución, otorgaba a la SCJN para investigar hechos graves que violentaran las garantías individuales o mejor dicho, los derechos humanos. De ahora en adelante, será únicamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como organismo autónomo, la instancia facultada para investigar este tipo de actos violatorios. Esta reforma constitucional podría parecer del todo lógica, sin embargo, desde un punto de vista de pesos y contrapesos, las y los mexicanos en realidad estamos viendo reducida las instancias ante las cuáles podríamos acudir para pedir apoyo en caso de enfrentarse al poderío del aparato estatal.
El espíritu de la división de poderes es precisamente guardar un equilibrio entre las entidades encargadas de dirigir los destinos de un país. El sistema de pesos y contrapesos en cualquier democracia resulta necesario para garantizar que ante el abuso u omisión de alguno de los poderes, los otros dos puedan estar facultados para vigilar, corregir y evitar la repetición de acciones que vulneren la soberanía del pueblo.
Lo que debió haber ocurrido en este apartado de la reforma constitucional, era reglamentar las facultades conferidas a la SCJN en el artículo 97 ya no sólo para investigar y pronunciarse, sino para iniciar también de oficio acciones penales, civiles, administrativas que desembocaran en actos de sanción, reparación del daño, garantía de no repetición y justicia para las víctimas. La apuesta de que la SCJN tuviera facultades de investigación en casos graves y relevantes, era la calidad moral y conocimiento técnico jurídico de sus integrantes para emitir un claro posicionamiento respecto a las violaciones que se pudieran haber cometido, sin embargo, la misma Suprema Corte optó por deshacerse de estas atribuciones por propia conveniencia y comodidad ante la opinión pública.
Preocupante es ver que el sistema de pesos y contrapesos se va diluyendo precipitadamente en nuestro país, en donde el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo parecen actuar en complicidad y con la pura intención de repartirse las cuotas de presupuesto y poder de gobierno sin importar siquiera escuchar las necesidades ciudadanas. Alarmante es que incluso organismos autónomos del Estado como el Instituto Federal Electoral (IFE) o la CNDH sean rehenes de los interese partidistas y que su actuar se encuentre cada vez más alejado de la ciudadanía.
Caso concreto de ello, es la agenda pendiente para 2011. Al no poderse repartir las cuotas de consejeros electorales, el Congreso de la Unión pospuso hasta febrero la discusión y nombramiento de las tres personas que deberán integrarse al IFE, evidenciando así el juego de componendas entre PAN, PRI y PRD para velar únicamente por sus intereses sin importar el sentir ciudadano. Para la incipiente democracia mexicana, una determinación que incline la operación del IFE a favor de alguno de los grandes partidos –léase PRI – sin duda dará al traste con la confiabilidad de las elecciones presidenciales de 2012 y con ello, el sistema de pesos y contrapesos carecerá de sentido alguno en caso de haber sospecha de fraude como ocurrió en el año 2006.
Las elecciones para nombrar Gobernador en el Estado de México en julio de 2011, serán el termómetro que definirá la ruta que seguirá la contienda electoral para renovar la Presidencia de República en 2012. Enrique Peña Nieto luce como el fuerte candidato a imponerse en esta carrera y por ello su capital político-económico estará centrado en refrendar la gubernatura para su partido y así demostrar que tiene el tamaño para erguirse como candidato del PRI a la Presidencia. Por otro lado PAN y PRD parece que en esta ocasión no saldrán bien librados y una candidatura en coalición luce a esta altura como improbable. De nueva cuenta los pesos y contrapesos han dejado de surtir efectos en la carrera presidencial, el PRI junto con Televisa y TV Azteca se han encargado de cargar los dados a su favor y con ello, la participación ciudadana en materia electoral carecerá de respaldo al momento de hacer escuchar su voz ante las instancias electorales.
En materia de seguridad pública, las ejecuciones relacionadas con la guerra contra el narcotráfico superan ya las 11,041 personas muertas (1). Los números lucen desoladores y para 2011 no se prevé que disminuyan los índices de violencia. Desde mi perspectiva, el Gobierno Calderonista pretende jugar con el sentido común de ciudadanos y ciudadanas al expresar que “es entre los mismos delincuentes que se están matando”, evitando así responder a la pregunta de ¿porqué miles y miles de jóvenes y jovencitas en lugar de estar estudiando o con una fuente de empleo que les permita formar un plan de vida digno, han optado por integrarse a las filas del crimen organizado? La respuesta es clara, porque hoy en día en México esas oportunidades para ese sector de “ninis” (ni estudia, ni trabaja) no están en su horizonte de acceso.
2010 fue un año de luto en la vida nacional de miles de familias que se vieron orilladas a interactuar con el crimen organizado por la falta de respuesta del Gobierno Federal y muchos de los gobiernos estatales. ¿Cuántas familias no pasarán estas navidades recordando a sus miembros caídos en la lucha contra el narcotráfico? ¿Cuántos de ellas se preguntarán si el Estado mexicano tiene alguna responsabilidad por ello? O peor aún ¿Cuántas de ellas tomarán la decisión de dejar de creer en las instituciones por la falta de pesos y contrapesos reales que impulsen verdaderamente un equilibrio armónico nacional?
En este fin de año, mis pensamientos estarán con todas estas familias mexicanas y extranjeras que han visto perdido a uno o más de sus seres queridos en una “lucha” estéril contra el narcotráfico.
2011 deberá ser un año en el cual, la sociedad civil organizada pueda jugar un papel clave y activo en la conformación del nuevo panorama político que se avizora para el próximo sexenio, impulsando por medio de la participación ciudadana, la creación de cimientos sólidos para la reconstrucción de un nuevo sistema de pesos y contrapesos que equilibre armónicamente el quehacer de la vida nacional en los años venideros.
[1] Fuente: Diario Reforma de fecha 17 de diciembre de 2010. http://www.reforma.com/nacional/
