Durante mi experiencia como Visitador Adjunto en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), tuve la oportunidad de conocer a gente muy interesante y comprometida socialmente con su comunidad. Uno de esos ejemplos que ahora vienen a mi mente son Paulino, Emilio, Armando y Sergio, todos habitantes en la Delegación Tláhuac, en el Distrito Federal.
La problemática que me llevó a conocerles fue un caso que en primera instancia, parecía sencillo de resolver en el marco de violaciones a los derechos humanos; alumnos y alumnas de una escuela primaria que venían invadidos sus accesos y salidas de emergencia por una feria patronal que año con año se coloca en la explanada delegacional, ocupando la mayoría de las calles del centro de Tláhuac.
De entrada mi misión era solicitar a las autoridades delegacionales que resguardaran el libre acceso de niños y niñas a la escuela primaria, sin embargo, esa simple petición se convirtió en cuatro años de trámites entre la CDHDF, la Delegación Tláhuac y los vecinos y vecinas que solicitaban el respeto al derecho a un nivel de vida adecuado, además de considerar el bien superior de la niñez como un derecho fundamental a garantizar.
Durante el tiempo que estuvo a mi cargo el expediente CDHDF/122/05/TLAH/D1112.000 y del cual se emitió la Recomendación 8/2009, pude ser testigo de la manera en que las inercias en las diversas autoridades se pueden dejar llevar para no actuar ante las problemáticas que enfrenta la ciudadanía. Fui testigo incluso de la forma en que al interior de la propia Comisión de Derechos Humanos, en muchas ocasiones a nivel directivo o de titulares de áreas hacían lo menos posible para desarrollar los casos y permitir investigaciones de fondo.
Actualmente ya no pertenezco a la plantilla laboral de la CDHDF y por ello es que este ejercicio de reflexión e introspección me lleva a recordar este caso en particular, un caso que después de 4 años y medio y con una recomendación emitida sigue sin resolverse del todo. Esta situación me lleva a preguntar, ¿realmente los organismos públicos autónomos de derechos humanos cuentan con todas las condiciones para lograr que la ciudadanía tenga garantizados sus derechos? Desde mi experiencia resulta que no es así, al día de hoy las instituciones públicas de derechos humanos si bien han impulsado una cierta cultura de derechos humanos, la realidad demuestra que falta aún mucho por hacer.
Por ejemplo en el caso de la CDHDF y de la cual me ocuparé en un análisis posterior, quedó evidenciado que en muchas de sus actuaciones, el factor político no queda fuera del desarrollo de las investigaciones a violaciones a los derechos humanos. Dicha situación es comprensible hasta cierto punto, la relación humana lleva implícito la relación política, sin embargo, en este caso la política que actualmente quiere opacar la actuación de instituciones como ésta, es la política oscura, la política con intereses partidistas y de intereses personales. Para el ciudadano o ciudadana que haga un análisis serio de este tema, se podrá dar cuenta de lo que entre líneas aquí estoy diciendo, pero dejemos un poco más de tiempo y reflexión para este asunto.
Regresando al asunto de Tláhuac, después de leer que hombres como Paulino Rodríguez, desde la trinchera ciudadana siguen denunciando y luchando por que las autoridades delegacionales garanticen los derechos de la niñez de los alumnos de la Escuela Primaria Narciso Ramos Galicia y del Jardín de Niños Tláhuac, me lleva una conclusión básica en las reflexiones que estoy haciendo. Si como sociedad en verdad queremos participar en las decisiones que el Estado implementa en nombre de la ciudadanía, resulta fundamental que la sociedad civil organizada tenga nos sólo voz ante estas decisiones, sino también voto hasta las últimas consecuencias.
Espero pronto encontrarme con Paulino y junto a él, colocarme ahora en la trinchera de la sociedad civil organizada para impulsar el goce de los derechos humanos en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro planeta.
La problemática que me llevó a conocerles fue un caso que en primera instancia, parecía sencillo de resolver en el marco de violaciones a los derechos humanos; alumnos y alumnas de una escuela primaria que venían invadidos sus accesos y salidas de emergencia por una feria patronal que año con año se coloca en la explanada delegacional, ocupando la mayoría de las calles del centro de Tláhuac.
De entrada mi misión era solicitar a las autoridades delegacionales que resguardaran el libre acceso de niños y niñas a la escuela primaria, sin embargo, esa simple petición se convirtió en cuatro años de trámites entre la CDHDF, la Delegación Tláhuac y los vecinos y vecinas que solicitaban el respeto al derecho a un nivel de vida adecuado, además de considerar el bien superior de la niñez como un derecho fundamental a garantizar.
Durante el tiempo que estuvo a mi cargo el expediente CDHDF/122/05/TLAH/D1112.000 y del cual se emitió la Recomendación 8/2009, pude ser testigo de la manera en que las inercias en las diversas autoridades se pueden dejar llevar para no actuar ante las problemáticas que enfrenta la ciudadanía. Fui testigo incluso de la forma en que al interior de la propia Comisión de Derechos Humanos, en muchas ocasiones a nivel directivo o de titulares de áreas hacían lo menos posible para desarrollar los casos y permitir investigaciones de fondo.
Actualmente ya no pertenezco a la plantilla laboral de la CDHDF y por ello es que este ejercicio de reflexión e introspección me lleva a recordar este caso en particular, un caso que después de 4 años y medio y con una recomendación emitida sigue sin resolverse del todo. Esta situación me lleva a preguntar, ¿realmente los organismos públicos autónomos de derechos humanos cuentan con todas las condiciones para lograr que la ciudadanía tenga garantizados sus derechos? Desde mi experiencia resulta que no es así, al día de hoy las instituciones públicas de derechos humanos si bien han impulsado una cierta cultura de derechos humanos, la realidad demuestra que falta aún mucho por hacer.
Por ejemplo en el caso de la CDHDF y de la cual me ocuparé en un análisis posterior, quedó evidenciado que en muchas de sus actuaciones, el factor político no queda fuera del desarrollo de las investigaciones a violaciones a los derechos humanos. Dicha situación es comprensible hasta cierto punto, la relación humana lleva implícito la relación política, sin embargo, en este caso la política que actualmente quiere opacar la actuación de instituciones como ésta, es la política oscura, la política con intereses partidistas y de intereses personales. Para el ciudadano o ciudadana que haga un análisis serio de este tema, se podrá dar cuenta de lo que entre líneas aquí estoy diciendo, pero dejemos un poco más de tiempo y reflexión para este asunto.
Regresando al asunto de Tláhuac, después de leer que hombres como Paulino Rodríguez, desde la trinchera ciudadana siguen denunciando y luchando por que las autoridades delegacionales garanticen los derechos de la niñez de los alumnos de la Escuela Primaria Narciso Ramos Galicia y del Jardín de Niños Tláhuac, me lleva una conclusión básica en las reflexiones que estoy haciendo. Si como sociedad en verdad queremos participar en las decisiones que el Estado implementa en nombre de la ciudadanía, resulta fundamental que la sociedad civil organizada tenga nos sólo voz ante estas decisiones, sino también voto hasta las últimas consecuencias.
Espero pronto encontrarme con Paulino y junto a él, colocarme ahora en la trinchera de la sociedad civil organizada para impulsar el goce de los derechos humanos en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro planeta.
En mi próximo viaje: CDHDF y el proceso de sucesión del Ombudsman.
