Ahora que han pasado las sucesiones en las Presidencias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), es oportuno realizar un análisis general sobre la forma en que ambos procesos se desarrollaron y los resultados que arrojaron al sistema de los derechos humanos en el país.
Para empezar, en ambos procesos la participación ciudadana resultaba indispensable debido a que el marco normativo indicaba que serían las organizaciones sociales las responsables de proponer los nombres de las personas que en su criterio, cumplirían con el perfil para ser Ombudsman nacional y local, con el claro objeto de que el respaldo de su trayectoria, conocimiento del tema, calidad moral y capacidad de dirección e interlocución, les permitiera enfrentar con entereza, independencia y autonomía, las responsabilidades que para ambos cargos se requiere.
La opinión social y política respecto al actuar de ambas instituciones públicas era totalmente distinta. Por un lado, la administración de Emilio Álvarez Icaza Longoria al frente de la CDHDF durante dos mandatos que se tradujeron en ocho años como Ombudsman, representó de manera exitosa el papel que una Comisión debe tener frente a las violaciones a dichos derechos cometidas por la autoridad, además de mostrar autonomía, independencia y capacidad de interlocución para colocar en la agenda pública de la capital, la defensa, promoción, educación y difusión de los derechos humanos.
Respecto a la gestión de José Luis Soberanes Fernández al frente de la CNDH –igualmente por dos periodos pero en su caso traducido en 10 años de mandato-, la opinión social evidenciaba el encono por su actuación negativa frente a temas relevantes como el de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), o el de Jacinta Francisco, indígena acusada de secuestrar a policías judiciales en Querétaro y por el cuál la Comisión Nacional tardó dos años en emitir una recomendación, entre otros discutidos temas como la opacidad en materia de transparencia y falta de rendición de cuentas.
A partir de lo anterior, el paradigma en ambas sucesiones era el siguiente:
Para la CDHDF, la voz social generalizada era la de mantener la continuidad y fortalecimiento de un proyecto tan próspero como el ejercido de manera autónoma y con gran carácter moral. Para ello, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF), ofrecía una ventana de oportunidad para que los poderes locales (Asamblea Legislativa, Tribunal Superior de Justicia y Gobierno del Distrito Federal, junto con la CDHDF), impulsaran la nueva agenda de trabajo para los próximos años.
En cambio, en la CNDH ocurría algo muy distinto, la voz generalizada de la ciudadanía era lograr un “cambio” en la ruta de actuación de este organismo, el sentir de la sociedad clamaba porque el Senado cerrara una página gris en el país en materia de Derechos Humanos. Para ello, se requería de una persona que no tuviera conexión ni relación con el sistema conservador y burocrático enquistado durante 10 años en dicha institución.
Visto lo anterior, en el caso de la CDHDF la apuesta era la defensa y continuidad de un modelo de gestión que ofreció resultados positivos en su actuación, mientras que en el polo opuesto, en la CNDH lo necesario era cambiar radicalmente la actuación de esa institución frente a los problemas nacionales en materia de derechos humanos.
Entre los nombres que resaltaron para suceder a Emilio Álvarez Icaza frente a la CDHDF destacaron cuatro: Edgar Cortez, Mariclaire Acosta, Patricia Colchero Aragonés y Luis Armando González Placencia. Aparentemente estas dos últimas personas –Patricia y Luis Armando- eran las indicadas para asegurar la continuidad del exitoso proyecto de derechos humanos. Patricia Colchero fungió en diversos puestos de primer nivel durante los ocho años de gestión. Luis Armando por su parte, se sumó al equipo de trabajo en los últimos tres años y medio de la gestión.
Para la CNDH, la lista de candidatos y candidatas fue bastante amplia, sin embargo, el nombre de Emilio Álvarez Icaza sonaba como el candidato natural para ocupar en esta ocasión la Presidencia. A la lista se sumaron Raúl Plascencia Villanueva, Luis Raúl González Pérez y María Guadalupe Morfín, entre otras destacadas personalidades. La sociedad civil organizada que participó en el proceso, veía en Emilio la oportunidad del cambio que requería la institución y en Raúl Plascencia Villanueva el continuismo y seguimiento de una política que dejó mucho que desear.
Para la CDHDF, diputadas y diputados determinaron que Luis Armando González Placencia asumiera el cargo de Ombudsman capitalino, sin embargo, dicho nombramiento no representó necesariamente la continuidad y fortalecimiento del modelo de gestión logrado durante ocho años. Bastará mencionar la estrecha cercanía y relación que el actual Presidente de la Comisión guarda con el Procurador General de Justicia del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera y de quien incluso se rumora, fungió como su principal operador político ante el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard y ante la Coordinadora de la bancada perredista en la ALDF, la diputada Alejandra Barrales para lograr su nombramiento. Asimismo, es importante señalar que el propio González Placencia marcó distancia respecto a Emilio Álvarez Icaza y de la gestión de la CDHDF, al considerarse como una persona “independiente” y ajena a su equipo cercano de trabajo.
Para el GDF, quien realmente representaba una voz autónoma, independiente y cercana al equipo de Emilio Álvarez Icaza, era Patricia Colchero Aragonés. Su capacidad de investigación y calidad moral, así como su compromiso por continuar y fortalecer el modelo de gestión, fue justamente lo que preocupó al Jefe de Gobierno al momento de pensar en los siguientes tres años de su gestión, en la construcción de su candidatura en el 2012 para la Presidencia de la República. Por ello seguramente escuchó la voz de su Procurador al momento de negociar por una Comisión que pudiera “acoplarse” a la política pública que se impulsara desde el antiguo palacio del Ayuntamiento, bloqueando con ello, la posibilidad de que el modelo de la CDHDF tuviera una continuidad en su línea de trabajo.
Respecto a la CNDH, bajo un ambiente sospechoso de negociación, el Senado optó por el continuismo de la gestión al designar a Raúl Plascencia Villanueva como Ombudsman nacional. En este caso, pudo más la inercia partidista y gubernamental que la voz de la ciudadanía. Para los poderes fácticos, Emilio Álvarez Icaza representaba una personalidad que realmente sería autónoma frente a la actuación del Estado y por ello, sería muy incómodo tener en las filas públicas nacionales una fuerte voz que señalara y atacara las fallas del sistema y las graves violaciones a los derechos humanos con las que vive hoy una gran parte de mexicanos y mexicanas en el país.
En conclusión, la realidad del tema de los derechos humanos en las sucesiones que se dieron en la CDHDF y en la CNDH, arrojó saldos relativamente negativos que en buena medida, deberán provocar en la ciudadanía una reflexión y análisis. El tiempo dirá si me equivoco en estas hipótesis y para ser sinceros, en verdad espero que así sea, sin embargo la perspectiva en la Ciudad de México será que la administración de Luis Armando González Placencia será ad hoc al Gobierno del Distrito Federal y ello se podrá ver a partir de la extraña simbiosis que se darán en los equipos de trabajo de la PGJDF y de la propia CDHDF.
Por lo que hace a la CNDH, la continuidad de un modelo sumamente conservador y alejado de la realidad de los derechos humanos del país, llevará seguramente a Raúl Plascencia Villanueva a enquistarse en las profundidades de un mar gris y sin un puerto fijo al cuál dirigirse, dejando en indefensión a la sociedad mexicana que en materia de derechos humanos requiere de una figura que la represente.
Resulta paradójico que la fórmula saliera totalmente contraria, la CDHDF requería continuidad en el modelo de gestión y se optó por el cambio, mientras que la CNDH necesitaba un verdadero cambio y se eligió por la continuidad. El tiempo y la historia escribirán los caminos que los apellidos Placencia y Plascencia tracen para los derechos humanos en la Ciudad de México y en el país.
Para empezar, en ambos procesos la participación ciudadana resultaba indispensable debido a que el marco normativo indicaba que serían las organizaciones sociales las responsables de proponer los nombres de las personas que en su criterio, cumplirían con el perfil para ser Ombudsman nacional y local, con el claro objeto de que el respaldo de su trayectoria, conocimiento del tema, calidad moral y capacidad de dirección e interlocución, les permitiera enfrentar con entereza, independencia y autonomía, las responsabilidades que para ambos cargos se requiere.
La opinión social y política respecto al actuar de ambas instituciones públicas era totalmente distinta. Por un lado, la administración de Emilio Álvarez Icaza Longoria al frente de la CDHDF durante dos mandatos que se tradujeron en ocho años como Ombudsman, representó de manera exitosa el papel que una Comisión debe tener frente a las violaciones a dichos derechos cometidas por la autoridad, además de mostrar autonomía, independencia y capacidad de interlocución para colocar en la agenda pública de la capital, la defensa, promoción, educación y difusión de los derechos humanos.
Respecto a la gestión de José Luis Soberanes Fernández al frente de la CNDH –igualmente por dos periodos pero en su caso traducido en 10 años de mandato-, la opinión social evidenciaba el encono por su actuación negativa frente a temas relevantes como el de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), o el de Jacinta Francisco, indígena acusada de secuestrar a policías judiciales en Querétaro y por el cuál la Comisión Nacional tardó dos años en emitir una recomendación, entre otros discutidos temas como la opacidad en materia de transparencia y falta de rendición de cuentas.
A partir de lo anterior, el paradigma en ambas sucesiones era el siguiente:
Para la CDHDF, la voz social generalizada era la de mantener la continuidad y fortalecimiento de un proyecto tan próspero como el ejercido de manera autónoma y con gran carácter moral. Para ello, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF), ofrecía una ventana de oportunidad para que los poderes locales (Asamblea Legislativa, Tribunal Superior de Justicia y Gobierno del Distrito Federal, junto con la CDHDF), impulsaran la nueva agenda de trabajo para los próximos años.
En cambio, en la CNDH ocurría algo muy distinto, la voz generalizada de la ciudadanía era lograr un “cambio” en la ruta de actuación de este organismo, el sentir de la sociedad clamaba porque el Senado cerrara una página gris en el país en materia de Derechos Humanos. Para ello, se requería de una persona que no tuviera conexión ni relación con el sistema conservador y burocrático enquistado durante 10 años en dicha institución.
Visto lo anterior, en el caso de la CDHDF la apuesta era la defensa y continuidad de un modelo de gestión que ofreció resultados positivos en su actuación, mientras que en el polo opuesto, en la CNDH lo necesario era cambiar radicalmente la actuación de esa institución frente a los problemas nacionales en materia de derechos humanos.
Entre los nombres que resaltaron para suceder a Emilio Álvarez Icaza frente a la CDHDF destacaron cuatro: Edgar Cortez, Mariclaire Acosta, Patricia Colchero Aragonés y Luis Armando González Placencia. Aparentemente estas dos últimas personas –Patricia y Luis Armando- eran las indicadas para asegurar la continuidad del exitoso proyecto de derechos humanos. Patricia Colchero fungió en diversos puestos de primer nivel durante los ocho años de gestión. Luis Armando por su parte, se sumó al equipo de trabajo en los últimos tres años y medio de la gestión.
Para la CNDH, la lista de candidatos y candidatas fue bastante amplia, sin embargo, el nombre de Emilio Álvarez Icaza sonaba como el candidato natural para ocupar en esta ocasión la Presidencia. A la lista se sumaron Raúl Plascencia Villanueva, Luis Raúl González Pérez y María Guadalupe Morfín, entre otras destacadas personalidades. La sociedad civil organizada que participó en el proceso, veía en Emilio la oportunidad del cambio que requería la institución y en Raúl Plascencia Villanueva el continuismo y seguimiento de una política que dejó mucho que desear.
Para la CDHDF, diputadas y diputados determinaron que Luis Armando González Placencia asumiera el cargo de Ombudsman capitalino, sin embargo, dicho nombramiento no representó necesariamente la continuidad y fortalecimiento del modelo de gestión logrado durante ocho años. Bastará mencionar la estrecha cercanía y relación que el actual Presidente de la Comisión guarda con el Procurador General de Justicia del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera y de quien incluso se rumora, fungió como su principal operador político ante el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard y ante la Coordinadora de la bancada perredista en la ALDF, la diputada Alejandra Barrales para lograr su nombramiento. Asimismo, es importante señalar que el propio González Placencia marcó distancia respecto a Emilio Álvarez Icaza y de la gestión de la CDHDF, al considerarse como una persona “independiente” y ajena a su equipo cercano de trabajo.
Para el GDF, quien realmente representaba una voz autónoma, independiente y cercana al equipo de Emilio Álvarez Icaza, era Patricia Colchero Aragonés. Su capacidad de investigación y calidad moral, así como su compromiso por continuar y fortalecer el modelo de gestión, fue justamente lo que preocupó al Jefe de Gobierno al momento de pensar en los siguientes tres años de su gestión, en la construcción de su candidatura en el 2012 para la Presidencia de la República. Por ello seguramente escuchó la voz de su Procurador al momento de negociar por una Comisión que pudiera “acoplarse” a la política pública que se impulsara desde el antiguo palacio del Ayuntamiento, bloqueando con ello, la posibilidad de que el modelo de la CDHDF tuviera una continuidad en su línea de trabajo.
Respecto a la CNDH, bajo un ambiente sospechoso de negociación, el Senado optó por el continuismo de la gestión al designar a Raúl Plascencia Villanueva como Ombudsman nacional. En este caso, pudo más la inercia partidista y gubernamental que la voz de la ciudadanía. Para los poderes fácticos, Emilio Álvarez Icaza representaba una personalidad que realmente sería autónoma frente a la actuación del Estado y por ello, sería muy incómodo tener en las filas públicas nacionales una fuerte voz que señalara y atacara las fallas del sistema y las graves violaciones a los derechos humanos con las que vive hoy una gran parte de mexicanos y mexicanas en el país.
En conclusión, la realidad del tema de los derechos humanos en las sucesiones que se dieron en la CDHDF y en la CNDH, arrojó saldos relativamente negativos que en buena medida, deberán provocar en la ciudadanía una reflexión y análisis. El tiempo dirá si me equivoco en estas hipótesis y para ser sinceros, en verdad espero que así sea, sin embargo la perspectiva en la Ciudad de México será que la administración de Luis Armando González Placencia será ad hoc al Gobierno del Distrito Federal y ello se podrá ver a partir de la extraña simbiosis que se darán en los equipos de trabajo de la PGJDF y de la propia CDHDF.
Por lo que hace a la CNDH, la continuidad de un modelo sumamente conservador y alejado de la realidad de los derechos humanos del país, llevará seguramente a Raúl Plascencia Villanueva a enquistarse en las profundidades de un mar gris y sin un puerto fijo al cuál dirigirse, dejando en indefensión a la sociedad mexicana que en materia de derechos humanos requiere de una figura que la represente.
Resulta paradójico que la fórmula saliera totalmente contraria, la CDHDF requería continuidad en el modelo de gestión y se optó por el cambio, mientras que la CNDH necesitaba un verdadero cambio y se eligió por la continuidad. El tiempo y la historia escribirán los caminos que los apellidos Placencia y Plascencia tracen para los derechos humanos en la Ciudad de México y en el país.
